RAÚL SALGADO | @raulsalgado | Ferrol | Lunes 2 mayo 2016 | 20:24
La última sentencia en contra de Reganosa supone otro triunfo en la «loita continuada» de plataformas sociales ante la instalación de la regasificadora de Mugardos. Así lo ha asegurado este lunes el alcalde de Ferrol, que ha comparecido en la casa consistorial junto a representantes del Comité Ciudadano de Emergencia.
Jorge Suárez habla de una «vitoria da loita cívica» y de la «reivindicación de dereitos sociais». «Imponse a forza da razón», ha sostenido el regidor, para quien se ha librado un «combate contra a especulación financeira» que se salda ahora con un impulso positivo a esta causa. Por todo ello, solicitará una reunión con el secretario de Estado de Energía.
En la cita pretende abordar la nueva coyuntura con arreglo a la legislación de hidrocarburos. En su opinión, la situación «non é subsanable» y Reganosa debe «iniciar ex novo» la tramitación de su permiso de actividad. Tendrá que cumplir los preceptos sobre «ordenación do territorio, seguridade, medio ambiente e viabilidade».
Sentencia
El alcalde ha celebrado esta sentencia del Tribunal Supremo, considerándola un hito que supone un «antes e un despois». Insiste en que la infraestructura pone «en risco a seguridade» del entorno. Patricia Gabeiras, letrada del Comité, ha estimado que «Reganosa es ilegal radicalmente» y que está «incursa en una falta muy grave» a la ley.
Carece de «autorización que le habilite» y recibe ahora una comunicación según la cual la «nulidad es automática» en cuanto a su licencia. Aboga por «proceder al cumplimiento inmediato; no puede continuar con esa actividad». Dispone de un «plazo máximo de dos meses» y «se puede pedir ejecución forzosa».
Gabeiras sugiere que el último en entrar fue «el último gasero» que accederá a Mugardos: «La vida de Reganosa ha finalizado; los seguros ya no la cubren, no habría compañía que cubriese» un suceso en el lugar. Tilda de «barbaridad» este hecho y afirma que sugerir la petición de «autorización provisional» a un «Gobierno en funciones» implica que estén «faltando a la verdad».
Cierre
Exige «comenzar de nuevo; cerrar y pedir autorización». Para la abogada, han dispuesto de «16 años» para subsanar defectos, atribuyéndole su permiso a un mero «titulín de la Xunta» en el que se esgrimía que el «gas natural ni ardía ni explotaba» en caso de salir a la atmósfera. Detecta «falsedades en documentos» oficiales: «Arde, explota y nos mata a todos».
Recordó que «hubo que dragar la ría» y que «es imposible subsanar ese defecto, no se puede cambiar el entorno». Insiste en que las «necesidades energéticas gallegas no requerían» la apertura de Reganosa, que subsiste por un «tráfico absolutamente ajeno a las necesidades energéticas gallegas».
Patricia Gabeiras cree que «tiene que imperar el sentido común; pretenden engañar». En caso de «deflagración, podría llegar a Ferrol», dijo, arguyendo que «no es un pequeño defecto subsanable» el de la firma y que «hay otras maneras, no nos podemos dejar engañar». Asimismo, matiza que «ni era ni es» estratégica salvo para la Xunta, que «socializó las pérdidas».
La letrada ha censurado que se estén «invocando» los puestos de trabajo generados para frenar el cierre, aludiendo a una «planificación demencial». Humberto Fidalgo, de Adega y el Comité, añadió que el Grupo Tojeiro destinó 2,5 millones de euros a «trámites de xestión» de la planta que no pudo «xustificar ante Facenda».