RAÚL SALGADO | @raulsalgado | Ferrol | Domingo 16 junio 2013 | 21:37
Hace mucho tiempo que el sector naval no navega por aguas tranquilas, pero los acontecimientos de la última semana no presagian un futuro alentador. Por si alguien se había dejado llevar por el optimismo. A un ritmo endiablado, caen las fichas del dominó. La inestabilidad latente en el principal soporte económico de la comarca provoca efectos devastadores no solo en su industria auxiliar, sino también en el comercio o la hostelería.
Para muchos, la huelga del pasado miércoles en Ferrolterra, Eume y Ortegal marca un antes y un después. El inicio de una muestra cada vez más evidente de hartazgo ciudadano que sucede a meses de protestas por parte de los trabajadores de los astilleros. Durante el paro del día 12 no se produjeron incidentes reseñables, el seguimiento fue mayoritario y la participación en la manifestación central fue masiva.
Las declaraciones de los dirigentes políticos llamados a ser parte activa en la resolución de la profunda problemática han compartido un denominador común: la mismísima Navantia. El alcalde de Ferrol y el presidente de la Xunta censuran la estrategia comercial de la empresa pública. Apenas dos días después de la huelga, se confirmaba la renuncia de su consejero delegado, Jaime de Rábago.
El drama, en cifras
Nadie es capaz de detener el contador. Son 2.315 las personas que han perdido su empleo en las compañías auxiliares del naval desde la recta final del verano de 2011. Las últimas 500, en apenas cuatro meses. Son las principales damnificadas por un drama al que se suma una plantilla principal que asiste impotente a un dantesco espectáculo a base de gradas vacías y talleres carentes de bullicio.
Sindicatos y operarios no se cansan. Piden carga de trabajo como alternativa a los sucesivos compromisos de nuevos encargos. Y si hay un anuncio que provoca especial enfado, ese es el del contrato con Pemex. El plantel pide fechas concretas para empezar a cortar chapa para el publicitado buque flotante. Referencias temporales que han bailado por el calendario en apenas unos meses, sin que la subactividad encuentre remedio.
De hecho, ya han transcurrido nueve desde que, en la precampaña para los comicios autonómicos, la Xunta y la petrolera mexicana mostrasen por escrito su pretensión de lograr la construcción de floteles en los astilleros de Vigo y de Ferrolterra. Los del norte esperan por novedades y temen que las palabras se las lleve el viento, mientras en el sur Pemex ha concretado la compra de Barreras y anuncia la construcción inminente de una primera unidad.
Límite: 30 de junio
La embarcación llamada a solventar temporalmente el vacío productivo tendría que ser algo más que un anuncio antes del próximo día 30. Lo dicen los comités de empresa, que consideran que es la fecha límite. Pero además, el portavoz en Ferrol, Ignacio Naveiras, se refiere a una simple declaración de intenciones.
El acuerdo, en todo caso, ha sido suficiente para alimentar el tradicional enfrentamiento político. El gobierno gallego insiste en su legitimidad, pero la oposición le reprocha que no haya divulgado su contenido al detalle. Como telón de fondo, la última oleada reivindicativa a pie de calle, en la que ya ha costado contener la tensión entre los que ven peligrar su empleo.
Llegaría a estallar en el pleno de la urbe naval del 30 de mayo, cuando operarios del sector entraron a la fuerza en el Palacio Municipal. En fechas anteriores y posteriores, la quema de neumáticos y los cortes esporádicos de algunas de las vías neurálgicas de la ciudad se han convertido en la desesperada llamada de atención del colectivo.
Concello y Xunta
La huelga comarcal no ha supuesto un cambio de discurso en la plaza de Armas. El regidor ferrolano cree que toda la ciudadanía comparte las reivindicaciones expuestas en las calles. Rey Varela habla de «decepción» y aboga por profundizar en el «ámbito institucional». De hecho, la Mancomunidade acordaba el pasado día 10 desplazarse a Madrid para hablar con diputados de todos los colores. Acción que aspira a repetir en el Parlamento Europeo.
Las declaraciones que resuenan en San Caetano no son sustancialmente diferentes. Alberto Núñez Feijoo presidía el semanal Consello de la Xunta al día siguiente de la gran protesta. Y volvió a referirse a Madrid. No era la primera vez que criticaba la labor de gestión de quienes mandan en Navantia, pero el civismo visto en el paro comarcal imprimía a sus palabras una nueva intencionalidad.
Feijoo no dudó al afirmar que la compañía es «ineficiente», recordando que su cúpula fue designada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sangre de su sangre. No solicitó cambios pese a sus «pésimos» resultados. No fue necesario: 24 horas después, trascendía la dimisión del consejero delegado, Jaime de Rábago.
El nuevo escenario
En un comunicado emitido en plena tarde de un viernes de junio, el grupo público anunciaba la marcha de Rábago por motivos personales y familiares. La empresa lamentaba su renuncia, pero también enviaba un mensaje: en todo momento «desarrolló óptimamente una labor de modernización de la estructura y organización interna, incluso en circunstancias personales adversas».
Es decir, cumplió con la tarea que le encomendaron sus superiores en mayo de 2012, pero su viaje termina antes de tiempo. Los ajustes a los que Navantia aludía en su nota de prensa remiten a la creación, a finales del pasado ejercicio, de su nuevo organigrama. Por entonces, la medida se justificaba nada menos que para asegurar la continuidad del entramado naval de titularidad estatal.
En el día a día, Jaime de Rábago asumió un contacto directo con la realidad de los astilleros, mientras que el presidente, José Manuel Revuelta, afronta una labor mucho más vinculada con la representatividad de la firma ante el exterior. Hasta el momento, no han llegado nuevos contratos. La pérdida de oportunidades en concursos abiertos en el extranjero ha provocado que arrecien las críticas.
Bruselas dice no
La pista llegaba con el ejemplar del diario «Faro de Vigo» de este viernes. El comisario europeo de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, respondía a la diputada del BNG Ana Miranda sobre el dique flotante reclamado para la ría ferrolana. Por segunda vez en tres meses, insinuaba que recurrir a ayudas estatales para dotar a los astilleros de esta infraestructura no se ajustaría a la legislación comunitaria.
Almunia recuerda, en la primera línea de su respuesta parlamentaria, el acuerdo adoptado en 2005 entre España y la Comisión Europea, que supuso el veto para la construcción convencional que mantiene contra las cuerdas a Navantia Fene. E insiste en que el grupo surgido de las cenizas de la antigua Izar «se dedicaría principalmente a actividades militares» y limitaría la civil «a un máximo del 20% hasta enero del 2015».
Por si se diese el paso, insiste en que se «confía en que España respetará en su totalidad los compromisos» suscritos hace ahora ocho años. Frente a tantas restricciones y promesas, una realidad: en Ferrol, que ahora solo ultima el segundo megabuque para Australia, no habrá ocupación en otoño. Antes de lo que parece.
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