EDUARDO ALONSO LOIS | Lunes 11 de agosto de 2025 | 8:52
Como rezan los expertos, uno de los instrumentos clave para ayudar a solucionar la crisis de la vivienda de una vez por todas sería no descalificar ni una sola vivienda protegida. No sea que volvamos a cometer el error de los últimos 50 años, porque si España hubiese conservado la protección de las más de seis millones de VPO construidas desde mediados del pasado siglo, hoy casi una cuarta parte del parque de vivienda estaría sometido a reglas administrativas, sería asequible y estaría al servicio del interés general.
Centrándonos en Ferrol, en los primeros años de este siglo se calcula que han sido enajenadas unas 1. 260 viviendas militares, de las 1.745 que poseía el Ministerio de Defensa.
Pese a no ser parte del parque de vivienda pública autonómica o municipal (como las del IGVS), ni de promoción pública general, se trataba de viviendas protegidas de precio limitado, con la particularidad de su uso restringido a personal militar o funcionarios civiles del Ministerio.
Como decía, a partir de los años 90, cuando muchas de estas viviendas quedaron vacías o dejaron de ser necesarias, se inició un proceso de enajenación a un precio de licitación aproximado de la mitad de su valor de tasación. Además, tras su venta, la mayoría podían desclasificarse y pasar al mercado libre (es decir, podían venderse o alquilarse sin limitaciones). A ese precio y con esa oportunidad de negocio, evidentemente, poca oposición encontró la jugada entre los ocupantes o el personal de Defensa.
El resultado es que se descalificó, como venta de saldo, una parte del stock “público” en la ciudad, que quedó herido de muerte. Recientemente, entendemos que han tratado de compensarlo firmando un convenio con el concello que habilita suelo desafectado por Defensa para permitir la construcción de 325 viviendas públicas asequibles, la mayoría en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. La mala conciencia tiene estas cosas.
Lo cierto es que la gran privatización del parque militar y otros errores de la política neoliberal en vivienda nos han llevado a lo largo de estos años, sin la virulencia que se da en las grandes ciudades y zonas turísticas, al alquiler privado de mala calidad, corta duración y alto precio, a una crisis generalizada de accesibilidad por escasa oferta, a procesos de gentrificación e incluso al incremento del sinhogarismo.
Echando unas sencillas cuentas, sumadas las más de 1.000 viviendas protegidas del barrio de Recimil y esos 1.740 pisos militares se podría alcanzar un parque de alquiler social y asequible de casi 2.750 viviendas en la ciudad, lo que significaría un 6,5 % de vivienda social sobre el total de viviendas principales (más de 42.000), una cifra que comenzaría a acercarse a la media europea, un 9,3%; comentar que Galicia se ha quedado con un raquítico 0,84%.
Si además fuésemos capaces de movilizar las más de 11.000 viviendas vacías que hay en Ferrol para alquiler social y asequible, ayudaríamos a solucionar el problema del acceso a los jóvenes y a las personas más vulnerables, al incrementar la oferta y estabilizar los precios; ganando tiempo mientras se avanza hacia una solución estructural.
Por último, citar que los pisos turísticos comienzan a suponer una amenaza para la oferta de alquiler en nuestra ciudad, algo que también tendremos que analizar.