FERROL360 | Jueves 10 noviembre 2022 | 22:00
Cualquiera podría estar en el pellejo de las familias sobre las que pesa un riesgo de desahucio como espada de Damocles en Narón. Vecinos de los bloques 5 y 7 de la plaza del Asilo, en la parroquia de Piñeiros, su historia llegaba a los medios de comunicación hace poco más de un año, cuando se enteraron de que las viviendas por las que pagaban mensualmente un alquiler a la empresa inmobiliaria Narón 2002 eran realmente propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb.
Sus pisos estaban embargados ―la Sareb se hizo con ellos en un proceso de ejecución de la constructora en 2018―y comenzaba para ellos un periplo judicial y político, además de personal y emocional, que un año después está a punto de quitarles toda esperanza si nadie les ayuda a remediarlo. Tras un varapalo judicial el pasado mes de septiembre, estos días han ido recibiendo una carta de la empresa contratada por la Sareb para hacerles una oferta, explican: les dan cinco días para responder y, de no aceptarla, otros cinco para desalojar el piso.
El Juzgado determinó que los contratos no eran válidos por no realizarse con la entidad titular y ahora la Sareb, a través de la empresa Hipogs Iberia SL que se encarga de gestionar los alquileres de la sociedad pública, se ha dirigido a las familias para darles un ultimátum: «Unha oferta de alugueiro fóra de mercado, onde mente ao dicir que nos contactaron varias veces e acúsanos de non colaborar a solventar a situación», denuncian los afectados, afirmando que saben que se trata de una carta estándar, pero «non reflicte en absoluto o ton da conversación telemática que mantivemos dous representantes das afectadas, Sareb e Concello de Narón o pasado venres», en alusión al 4 de noviembre.
Un precio desorbitado
«Somos vítimas dunha situación irregular malia termos contratado a través dunha inmobiliaria. Puido pasarlle a calquera», reivindican, recordando que «desde que hai un ano saltou esta irregularidade, as familias afectadas pedimos unha conta ao xulgado onde abonamos o aluguer que tiñamos neses contratos que a maxistrada ditaminou como ilegais en setembro». Piden un precio ajustado a la subida del IPC de estos años porque, inciden, se quieren quedar en sus viviendas.
También, en el caso de tener que dejarlas y buscar otro hogar, reclaman un plazo razonable de desalojo y reiteran que «nós non cometemos ningunha irregularidade, polo que non merecemos esta indefensión». Con todo, esperan el apoyo de los grupos políticos de la corporación naronesa, pero por lo de pronto ya les ha llegado del BNG, tanto desde el Congreso de los Diputados como desde el propio Concello de Narón.
Al Congreso
El diputado nacionalista, Néstor Rego, ha registrado de urgencia una iniciativa en la cámara baja tras conocer la situación que están viviendo las familias afectadas, pidiendo una rectificación por parte de la Sareb y haciendo suya la reclamación de los afectados. Ha recordado la portavoz nacionalista de Narón, Olaia Ledo, que «as familias foron coñecedoras desta situación cando en 2021 comezaron a recibir notificacións do Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol mediante as que se lles comunicaba a obrigación de desaloxar».
Rego cree que la carta recibida estos días «é absolutamente aldraxante» al incluir afirmaciones que no se ajustan a la realidad: «É mentira que existisen intentos de solución amigable, como vai considerase amigable ou un intento de conciliación a recepción dun aviso de desafiuzamento», critica el diputado, lamentando que «esta táctica é máis propia dun fondo voitre que dunha ente público». Sostiene además que los inquilinos estaban pagando unos 350 euros mensuales en una zona donde no hay muchas opciones por encima de 400 euros y les exigen pagar ahora 520 euros si quieren quedarse.
«Non é en absoluto xusto obrigar aos arrendatarios a elixir entre aceptar unhas condicións abusivas ou do contrario ter que marchar e atopar outro aloxamento no prazo de 5 días realizando a mudanza de todos os seus bens. Non pode entenderse que esta situación sexa tan sequera proposta por parte dunha entidade pública como é a Sareb», concluye Ledo.