FERROL360 | Lunes 23 de febrero de 2026 | 8:10
El Concello de Ferrol ha logrado recuperar judicialmente los más de cinco millones de euros que reclamaba por el servicio de depuración de la ría, después de que el Tribunal de Instancia de Ferrol estimase la demanda presentada contra el Concello de Narón.
La resolución establece que el municipio vecino deberá abonar 5.323.749,74 euros, correspondientes a las liquidaciones por los gastos de gestión del saneamiento, con un reparto de costes del 60 % para Ferrol y 40 % para Narón. Cada administración asumirá las costas generadas a su instancia.
El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, destacó que el gobierno local actuó en defensa de los intereses de la ciudad: «nos debemos aos ferroláns» y «este rexedor e o goberno de Ferrol ían defender os intereses da cidade por riba de todo», advirtiendo que cualquier decisión perjudicial «sería denunciada e poríamos todos os medios para que a cidade non seguirá sendo a prexudicada de moitas administracións».
Diálogo con Narón y continuidad de la reclamación
Rey Varela subrayó que el ejecutivo municipal siempre apostó por el entendimiento con el municipio vecino: «sempre apostamos polo diálogo co Concello de Narón e por chegar a acordos». Explicó que, tras la llegada del actual gobierno en junio de 2023, se retomaron las conversaciones y se estuvo «preto de acordos que beneficien a todos, pero sen prexudicar a ningún dos concellos».
El regidor también defendió que su gobierno no dejó pasar el tiempo sin actuar: «non deixamos pasar catro anos sen defender os intereses da cidade».
Cronología del conflicto judicial
La reclamación tiene su origen en las liquidaciones aprobadas por el pleno ferrolano en agosto de 2022, por importe de 3,49 millones de euros correspondientes al periodo 2017-2021. Posteriormente, en diciembre de 2023, se aprobaron nuevas liquidaciones por 3,15 millones relativas a 2022-2023.
Ambas demandas fueron acumuladas en un único procedimiento judicial en septiembre de 2024.
El alcalde también vinculó el conflicto con la situación económica de la empresa municipal de aguas, que llegó a entrar en causa de disolución, asegurando que el actual gobierno logró salvarla y aumentar la participación pública del 51 % al 92 %. La sentencia, añadió, permitirá que el dinero repercuta mayoritariamente en la parte pública y no en el capital privado.
«Desde este goberno sempre defendimos os intereses de Ferrol, e por iso non íamos deixar que os ferroláns pagaran máis», afirmó Rey Varela, quien insistió en que el ejecutivo mantiene «a man tendida a todos para chegar a acordos».
El PSOE reivindica que la reclamación se inició en el mandato de Ángel Mato
Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz y exalcalde Ángel Mato destacó que la sentencia confirma la postura defendida por su gobierno en el anterior mandato, cuando se iniciaron las reclamaciones judiciales.
«Tiñamos razón cando defendiamos un reparto de custes xustos, porque o que era unha inxustiza era que a cidadanía de Ferrol tivera que pagar por un servizo que non lle correspondía», afirmó. El dirigente socialista criticó además a quienes apostaban por negociar sin acudir a los tribunales: «non tiñan razón quen propoñían negociar e claudicar».
Mato subrayó que la resolución judicial reconoce incluso un «enriquecemento inxusto» por parte del Concello de Narón al rechazar las liquidaciones, y recordó que el objetivo era evitar que los vecinos asumiesen el coste en sus recibos de agua.
«Cando a empresa de augas ten problemas económicos por unha situación así, a solución non pode ser subirlle o prezo do servizo a toda a cidadanía. A solución é defendela incluso nos tribunais», advirtió.
Debate sobre el modelo de empresa pública
El portavoz socialista aprovechó para reivindicar el modelo de empresa pública de aguas y defendió avanzar hacia una titularidad completamente pública: «Permite garantir un mellor servizo» y afrontar situaciones excepcionales sin repercutir costes a la ciudadanía.
Según explicó, el reparto de costes real entre municipios ya se situaba en el entorno del 60-40 %, un criterio que ahora respalda la sentencia y que está siendo confirmado por las mediciones de caudalímetros instalados en el sistema.