
FERROL360 | Jueves 14 julio 2016 | 17:45
Ediles de gobierno local y oposición se han reunido este jueves con representantes sindicales de Navantia en el consistorio de Ferrol ante las quejas del colectivo por la intención de la firma de contratar a 25 trabajadores sin concurso público. Se trata de empleados de perfil técnico superior.
Los delegados consideran que no se ciñe el proceso a criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Así se lo han expuesto al alcalde, Jorge Suárez, y a ediles de PSOE, PP, BNG y Ciudadanos. Para el regidor, la situación «é gravísima». «Parécenos gravísimo que unha empresa pública se poida adicar a chamar vía telefónica para contratar persoal», dijo Suárez.
Insistió en que esos «postos de traballo fixos» van «en detrimento da oportunidade laboral que podería ter calquera outra persoa con proba de acceso». El asunto se debatirá en el pleno del Concello mediante una moción, avanzó el alcalde, que asume que no es una «situación nova», ya que se viene «repetindo no tempo» por el «modelo que está a buscar Navantia».
Contrataciones
Ese esquema, en su opinión, se basa en el sector de la automoción, con «técnicos fixos de plantilla e operarios de industria auxiliar volátil con exceso de horas de traballo e contratacións temporais». Los puestos a cubrir serían un total de 25 para técnicos superiores, 13 con vínculo temporal y 12 fijos en la ría de Ferrol.
El presidente del comité de la antigua Bazán, Javier Galán, ha coincidido al hablar de un hecho «grave» caracterizado por la ausencia de «información» suficiente. Aseguró que el grupo naval público pretende proseguir con esta iniciativa y reveló que al trascender su denuncia 58 personas presentaron sus currículos ante Navantia para su evaluación.
La coyuntura se extiende a la bahía de Cádiz, señalando que se incumple con el convenio colectivo y con la «legalidade vixente». Los sindicatos pretenden paralizar la entrada «física dos 25» empleados si no se da marcha atrás. A expensas del debate plenario, Jorge Suárez ha deseado que exista unanimidad al respecto en la corporación.
Por lo pronto, la contratación ya ha sido comunicada por la parte social a Inspección de Trabajo. Aunque Galán afirmó que carecería de competencias para paralizarla, sí emitiría un informe que podrían esgrimir de cara a futuras acciones.