FERROL360 | Sábado 8 noviembre 2014 | 23:48
El reglamento de la nueva escuela infantil municipal, el grado de ejecución de los presupuestos del Concello o el estado del convenio urbanístico firmado con la antigua cooperativa de la localidad centraron el pleno de este sábado en San Sadurniño. Sobre el primer punto, el debate se detuvo en la reciente adjudicación del servicio y la ordenanza que regula el coste para los usuarios.
PP y PSOE criticaron los importes, al considerarlos excesivos, y afirmaron que el documento no incluye rebajas para familias con escasos recursos. Sin embargo, el grupo de gobierno del BNG avanzó que los precios serán inferiores a los recogidos en el texto, tal y como propone la adjudicataria, y acusó a los socialistas de demagogia por criticar la privatización de un servicio público. PP y PSOE se abstuvieron.
En el apartado económico, el secretario-interventor declaró que la contabilidad municipal acumula varios meses de retraso por la adaptación a un nuevo programa informático y aseguró que estarían disponibles a comienzos de diciembre. Ante la ausencia de respuestas de PP y PSOE, el BNG sí criticó que la oposición no se extrañase por ello y aseveró que el presupuesto se está ejecutando sin conocer el volumen de ingresos.
Petición
De hecho, el edil Xesús Soto recalcó que solicitó esos datos a los técnicos hasta en tres ocasiones, incluso por escrito, sin éxito. Por ello, pidió un informe a la Secretaría-Intervención y alertó de un posible desconocimiento o dejadez de funciones por parte del personal encargado de las cuentas municipales, sin descartar que el gobierno local adopte las medidas que considere oportunas al recibir el informe.
Gran parte del debate giró en torno a los terrenos de la cooperativa, cuyo convenio urbanístico data de 2007 y permitió disponer de suelo para construir el centro de día. El acuerdo conllevaba el cambio de cualificación urbanística para varios terrenos de la entidad al entrar en vigor el nuevo PXOM, pero el plazo venció y las modificaciones legislativas gallegas han impedido la ejecución de las medidas anunciadas.
Los tres liquidadores nombrados al disolverse la cooperativa reclaman al Concello una indemnización de más de 1,5 millones de euros, según trascendió en el pleno. El alcalde, Secundino García Casal, abogó por renegociar la prórroga del plazo y concretar la indemnización en caso de que no avance el diálogo. Afirmó que los encargados de la liquidación no han querido negociar y que reclaman una cifra que se considera excesiva.
