Representantes de la CIG ocuparon este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete ciudades gallegas como medida de protesta contra la modificación del Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal (IT), aprobada recientemente por el Gobierno gallego.
La central sindical sostiene que los cambios introducidos en el plan refuerzan el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas y denuncian que esta medida abre la puerta a actuaciones que, a su juicio, perjudican los derechos de las personas trabajadoras.
Las acciones se desarrollaron en distintos edificios administrativos de A Coruña, Santiago, Pontevedra, Ourense, Vigo, Lugo y Ferrol. Entre los inmuebles ocupados figuran dependencias de la Consellería de Sanidade, oficinas del Sergas y delegaciones territoriales de la Xunta.
La movilización se produce después de que el pasado 27 de mayo se publicara en el Diario Oficial de Galicia la modificación del plan autonómico de gestión y control de la incapacidad temporal. Desde la CIG consideran que esta medida forma parte de una estrategia orientada a intensificar el control sobre las bajas laborales bajo el argumento de combatir el absentismo.
El secretario general de la central sindical, Paulo Carril, denunció que la reforma pretende que las personas trabajadoras acepten nuevas condiciones de intervención de las mutuas.
«De forma ilegal, pretende impoñer con todo tipo de enganos, ameazas e intimidacións que as persoas traballadoras asinen autorizacións e consentimento para que as mutuas poidan actuar de forma impune contra a saúde das persoas traballadoras», afirmó.
Ante esta situación, la organización sindical hizo un llamamiento para que la ciudadanía se informe antes de firmar cualquier documento relacionado con procesos de incapacidad temporal. «Non vaia ser que coa súa sinatura consintan un abuso», advirtió Carril.
La CIG sostiene además que el aumento de las bajas laborales no responde a una menor disposición a trabajar, sino a factores relacionados con el deterioro de las condiciones laborales y del sistema sanitario.
En este sentido, el dirigente sindical señaló que «o problema non é que a clase traballadora queira traballar menos, senón que cada vez traballa en peores condicións, durante máis anos e cun sistema sanitario máis deteriorado».
La central también cuestiona que una propuesta de alta emitida por una mutua pueda derivar en una reincorporación efectiva cuando la Inspección considere suficiente la documentación aportada.
«Refórzase a capacidade de influencia das mutuas que son entidades privadas cuxo interese principal é reducir os custos derivados das prestacións por incapacidade temporal e o seu beneficio, nunca a saúde das persoas traballadoras», sostuvo.
Asimismo, la organización interpreta que el incremento del papel de las mutuas supone reconocer problemas estructurales del sistema sanitario público y reclama una estrategia alternativa basada en reforzar la atención sanitaria pública, reducir tiempos de espera y mejorar las condiciones laborales.
«O que aumenta non é o absentismo: o que aumenta é o impacto dun modelo económico e social que deteriora a saúde da clase traballadora», concluyó Paulo Carril.
La CIG avanzó que mantendrá las movilizaciones para reclamar la retirada de la modificación del plan e impedir, según defienden, que se amplíe el margen de actuación de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal.