FERROL360 | Viernes 27 de marzo de 2026 | 9:36
La reivindicación sobre la transferencia, rescate y gratuidad de la AP-9 ha vuelto a cobrar fuerza tras la reunión mantenida este jueves en Ferrol entre la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y representantes de la Unión de Consumidores de Galicia. El encuentro sirvió para reforzar una posición común ante el Gobierno central en torno a una de las infraestructuras más polémicas de Galicia.
En la reunión participaron la presidenta de la organización, Rocío Arnoso Moure, y el secretario xeral, Miguel López Crespo, en un contexto marcado por el creciente malestar social en torno al coste de los peajes y la gestión de la autopista. Aneiros trasladó el respaldo del Ejecutivo autonómico a las demandas planteadas por el colectivo, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva.
La delegada recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la solicitud de transferencia de la AP-9, una iniciativa que, según subrayó, ha sufrido reiterados bloqueos en el ámbito estatal. En concreto, señaló que la propuesta ha sido retrasada en 45 ocasiones durante la actual legislatura, y continúa pendiente de debate en el Congreso de los Diputados.
En este contexto, Aneiros expresó su crítica a la actuación del Gobierno central y reafirmó el compromiso de la Xunta con las reclamaciones impulsadas desde distintos sectores sociales y económicos. En sus palabras, se trata de poner fin a «unha situación gravosa que nos afecta a todos os galegos», en referencia al impacto que los peajes tienen sobre ciudadanos, empresas y profesionales del transporte.
Además, la representante autonómica destacó la importancia de la colaboración entre administraciones y sociedad civil para avanzar en este objetivo. «A Xunta apoiará todas as accións conxuntas que se impulsen desde os colectivos de consumidores, o sector do transporte e o tecido empresarial», aseguró, apelando a una respuesta coordinada que permita desbloquear la situación.
El debate sobre la AP-9 en Galicia no es nuevo, pero sigue siendo uno de los principales focos de tensión política e institucional. La autopista, eje clave de la movilidad en la comunidad, continúa generando controversia por el coste de sus peajes y por la falta de avances en su transferencia.
Mientras tanto, las demandas de gratuidad y gestión autonómica se consolidan como una reivindicación transversal, respaldada tanto por instituciones como por colectivos sociales, en un escenario en el que la presión sobre el Gobierno central no deja de aumentar.