FERROL360 | Martes 8 octubre 2019 | 20:28
Concentración multitudinaria este martes en los Juzgados de Ferrol para apoyar al secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, Víctor Ledo, y a un trabajador de Alcoa, investigados por un presunto delito de atentado contra la autoridad por su participación en una manifestación delante del Congreso de los diputados en Madrid el pasado 28 de marzo. Una movilización en la que se pedía una solución para Alcoa, que veía peligrar su continuidad, y en defensa de los puestos de trabajo.
Los investigados han declarado por videoconferencia para los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid, y han estado arropados por numerosos sindicalistas, trabajadores de Alcoa y también por políticos de ámbito local y estatal como los diputados de Galicia en Común Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, así como el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral.
Víctor Ledo ha asegurado que esta acusación es un «montaxe policial» como represalia a la representación sindical. Ha explicado que tenían todos los permisos para manifestarse ante el Congreso y sin previo aviso los agentes modificaron el cordón policial.
Lo trasladaron una calle más abajo de las Cortes en la que no había espacio para todos los manifestantes y además contaba con limitaciones, como una terraza de un local de hostelería y también un aparcamiento de motocicletas. Ledo ha remarcado que esta acusación es una «sinrazón» porque la manifestación fue pacífica y ha advertido que no dejarán de realizar su labor sindical en defensa de los trabajadores.
En este sentido, el sindicalista de CCOO ha querido solidarizarse con Xesús Anxo López Pintos, ex dirigente de la CIG en la comarca, que se encuentra en un proceso parecido.
Apoyo político
Por su parte, la diputada de Galicia en Común,Yolanda Díaz, ha afirmado que «non son delicuentes, son traballadores» y ha señalado que esta situación es fruto de la Ley Mordaza para la que ha reclamado su derogación.
En opinión de Díaz, situaciones como esta «deben ser as que non deixen durmir ao presidente. Familias enteiras e traballadores defendendo os seus postos de traballo estiveron a piques de perder todo. Sairon imputados pola defensa cívica dos seus dereitos».
Mientras, Antón Gómez-Reino ha estimado que se trata de «un atentado contra os dereitos dos traballadores, por iso é imprescindible protexer o seu dereito a manifestarse derogando a Lei Mordaza que tanto prometeu o PSOE».
El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, ha asegurado que es una obligación estar en Ferrol apoyando a los trabajadores y ha remarcado que procedimientos como este son «inadmisibles» y «no tienen cabida en un sistema democrático».
Los diputados también ha defendido la necesidad de una transición justa en referencia a la problemática del cierre de Endesa en As Pontes. Mayoral ha reclamado una política industrial integral que garantice que nadie se queda fuera. «Que no nos hablen de una transición ecológica que pase por cerrar las térmicas de aquí para enchufarse a las de Marruecos. Es una tomadura de pelo», ha recalcado.
El diputado de Unidas Podemos ha insistido en que hay que impulsar un proceso ordenado eb el que se garantice los puestos de trabajo y que no suponga una nueva descolalización de la industria. En este sentido, Yolanda Díaz ha explicado que desde Galicia en Común se han presentado distintas iniciativas para la defensa de Endesa y ha defendido que «non se pode deixar á xente fora desa transición».
Díaz ha recalcado que se deben defender los puestos de trabajo y ha apostado por una transición ecológica, pero ordenada. «Sen deixar tirado a ningúen», ha insistido para hacer referencia también al delicado momento que atraviesa el colectivo de transportistas del carbón.
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