RAÚL SALGADO | @raulsalgado | Ferrol | Lunes 1 septiembre 2014 | 15:44
Antes de la hora prevista, Bernardo Bastida llegó al Palacio de Justicia de Ferrol. El expatrón mayor de la cofradía de pescadores de la ciudad acudió este lunes a los juzgados para abonar la fianza de 2.700 euros que le priva del ingreso en la cárcel por el cierre de la ría de Ferrol a la entrada de los primeros gaseros que navegaban hacia Reganosa en la primavera del 2007.
Respaldado por una decena de miembros del Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría, contrario a la planta de gas y que contribuyó estos días a la recaudación de los 2.700 euros a los que ascendía la multa, Bastida accedió en solitario a la oficina judicial, en la que ya es un viejo conocido al que reciben con amabilidad. Con un «estoy jubilado, no tengo prisa» respondió al funcionario que le pidió disculpas por el retraso al atenderle.
«Volvería a hacer lo mismo que hice», confesó en la segunda planta del inmueble de la calle Coruña. A punto ha estado aquel grave incidente de costarle su regreso a la cárcel, en la que ya durmió en la recta final del franquismo como represaliado político. Recordaba aquella época junto a miembros del comité, como el veterano sindicalista Rafael Pillado.
Apoyos
El que fue patrón mayor de Ferrol agradeció el apoyo de la plataforma cívica y reiteró que él ya cumplió un período en prisión tras aquellos sucesos. «La justicia no puede funcionar así», espetó en declaraciones a la prensa tras salir del juzgado, en cuya oficina permaneció más de media hora.
Convencido de lo necesario de sus actos, recordó que «no se equivoca el que no lo hace». A su juicio, existe una «falta de memoria reciente» sobre el conflicto de la regasificadora y remarcó que su «inocencia» se basa en el hecho de que «una empresa completamente ilegal» contó con el beneplácito político para abastecerse con barcos «a los que les faltaba la bandera pirata».
Tendrían que ser juzgados, dijo, «los que autorizaron» esos tránsitos. Manuel Rodríguez Carballeira, portavoz del Comité Ciudadano, aseveró que la recaudación de fondos sobrepasó la cantidad necesaria y tildó de «indignante» que los que «defenden a legalidade» sean condenados.
