SANDRA REGO | Martes 29 septiembre 2015 | 18:58
El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, presentó esta mañana una propuesta para la reforma de las ayudas a la reindustrialización de Ferrolterra y las comarcas vecinas junto al secretario de la Asociación de Empresarios Ferrolterra, Nonito Aneiros, encargado también del grupo de trabajo que realizó la elaboración del documento.
El presidente de la entidad manifestó que los objetivos que persiguen con estas modificaciones es una mejora en el Plan Ferrol, que fue desarrollado por un grupo de trabajo aceptado en la Junta Directiva de la Confederación.
El pasado lunes, la entidad se reunió con Natalia Barros, directora de la Oficina del Plan Ferrol, para hacerle entrega del documento creado para promover la ejecución de un mayor número de proyectos, el desarrollo empresarial y la creación de empleo. Asimismo, ha sido trasladado al Conselleiro de Industria y al director general del Igape.
Dobarro ha manifestado la intención de elevar esta propuesta a la administración autonómica y así, que pueda llegar hasta el Ministerio de Industria en Madrid.
Las propuestas de modificación
La propuesta de Cofer apunta cambios en las características generales de la convocatoria, así como en las dos fases del proceso: tanto en la solicitud como en la ejecución, al tiempo que se plantea la conveniencia de poner en marcha una línea de apoyo específico a empresas en proceso concursal.
Nonito Aneiros argumentó que «el dinero público, en forma de subvenciones, debe tener las cautelas y garantías de buena gestión» y por esta razón, han elaborado unas propuestas desde el punto de vista empresarial que adapte mejor el Plan Ferrol a las características socioeconómicas de las comarcas.
En las características de las ayudas, apoyan que se amplíe el número de beneficiarios, que el tipo de interés sea 0, que el plazo amortización sea hasta los quince años, y la carencia de amortización a cinco años. Además, que se permita un porcentaje de circulante dentro del proyecto y no solo de la inversión.
Dentro de este apartado, Aneiros añade que se «elimine la obligación de creación y mantenimiento de empleo», ya que «todo proyecto conlleva a la creación de empleo». El empresario justifica que «si la ayuda obliga a mantener empleos de otro tipo de actividad distinto al proyecto -que se quiere crear- y que va a generar nuevos empleos, el proyecto resulta inviable».
Por lo que respecta a la fase de solicitud, se apuntan, entre otras propuestas: mantener abiertos de forma permanente los plazos de la convocatoria hasta agotar fondos, o, en su defecto, abrir varias convocatorias a lo largo del año; posponer la exigencia de garantías hasta la concesión de ayudas y la evaluación previa de fondos propios para garantizar el cumplimiento de cofinanciación del proyecto.
Asimismo, de existir fondos propios suficientes se podría eximir a la empresa de la presentación de garantías; los criterios de evaluación deben ser claros y conocidos desde el principio atendiendo a la calidad del proyecto y sin descartar propuestas a priori por ratios económicos no relacionados con el mismo, y reducir los tiempos de respuesta a la evaluación por parte de la administración.
En la fase de ejecución se pide la ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos, un ingreso previo de la parte no subvencionada y que se requiera, para la disposición total o parcial, además certificado de ejecución por terceros cuando las facturas no sean modo de acreditación suficiente.
A mayores, también solicitan otras líneas de actuación como la apertura de «una línea de ampliación de capital» para que los empresarios tengan la oportunidad de acceder a préstamos, programas abiertos a la financiación de circulante o la refinanciación de pasivos.
Por último, ante el déficit generalizado de empresarios, y con el fin de salvaguardar a aquellas empresas en crisis, que han entrado en dificultades económicas, «se demanda la implantación de una línea de apoyo específico a empresas en proceso concursal, con tutorías especializadas o con sistemas para facilitar la financiación post concursal para inversión y circulante», explicó Nonito Aneiros durante la rueda de prensa.
Con estas propuestas, la entidad no solo pretende flexibilizar el Plan Ferrol, sino que existan mayores medidas de control «para saber a qué derivan los proyectos empresariales» que solicitan las ayudas.
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