MARTA CORRAL / R. S. | Cabanas / Ferrol | Lunes 7 octubre 2013 | 22:22

Desde las diez de la mañana de este lunes cerca de medio centenar de personas se han concentrado en Cabanas ante la vivienda de una mujer que había recibido una notificación de desahucio con el propósito de impedir su ejecución.

Finalmente, el funcionario judicial no ha podido hacer efectivo el desalojo, aunque sí ha dialogado con la portavoz de la familia. La mujer afectada, Sandra, es víctima de violencia machista y reside en la casa con su hijo de tres años y su madre.

Tres coches patrulla de la Guardia Civil se presentaron en el domicilio, pero fue el propio secretario el que les informó de que no sería necesaria su intervención. Personas convocadas por Stop Desafiuzamentos, la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra y la asociación de víctimas de violencia de género Ve-la Luz ofrecieron resistencia pasiva ante el portal de la vivienda.

Bajo la consigna de «Ímolo parar», entre los asistentes figuraban dirigentes de diversas formaciones políticas. Era el caso de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz; el coordinador de Esquerda Unida en Ferrol, Suso Basterrechea, la diputada del PSOE Paloma Rodríguez, o la responsable comarcal del BNG, Mercedes Tobio, entre otros.

Después de hablar con la familia, el funcionario público les avanzó que se repetiría el intento de desalojo y que, en esa ocasión, no sería necesario avisar con antelación. Un procedimiento, que de producirse, sería ilegal según la abogada de la afectada, con lo que esperan que sí se produzca esa notificación.

Paralizado el desalojo, las personas concentradas se dirigieron con la afectada al Concello de Cabanas para conseguir el certificado de convivencia del menor en la casa; porque, a pesar de vivir allí desde que nació, no figuraba el registro del pequeño en el domicilio.

Conseguido el certificado, fundamental para frenar el desahucio, la abogada de la afectada confirmó que durante esta semana no volverían a intentarlo. El alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, dialogó con los presentes y conoció de primera mano la situación de la mujer. Fue él quien le facilitó una abogada y envió un recurso para paralizar el desalojo por encontrarse un menor en la vivienda.

Antecedentes

La vivienda pertenecía a la familia de la afectada desde hacía veinte años y fue heredada por ella y su hermana. Debido a una situación económica delicada, causada por problemas en la empresa familiar, las dos hermanas deciden vender la casa a la entonces pareja de Sandra, que responde a las iniciales J.S.C.

Al parecer, no se efectuó pago alguno por esa venta sino que se limitaron a realizar un cambio de titularidad de la vivienda, según fuentes cercanas a la familia.

Una vez separados, su expareja vende la casa a un amigo, que es la persona que ha denunciado a la afectada para poder hacer uso de la vivienda que ha comprado. «Nos la robó», así de tajante se mostraba la hermana de Sandra, que ejercía de portavoz ante el funcionario judicial, explicando que hay interpuesta una demanda contra su excuñado por venta fraudulenta que aún no se ha resuelto.

Desde Stop Desafiuzamentos, plataforma a la que acudió la afectada, tienen claro que es fundamental que se esclarezca la situación de Sandra a nivel judicial. Que la Justicia resuelva los términos de su divorcio, que se está tramitando en base a un posible caso de violencia de género, y también los de la supuesta venta fraudulenta de la vivienda.

Para el portavoz del movimiento ciudadano, Inacio Martínez, lo fundamental es proteger a las víctimas, a Sandra y al menor; que se trata de un caso de violencia machista y que hay que defender que los involucrados estén en un entorno seguro hasta que la Justicia se pronuncie.

Una vez que se conozca la sentencia, habrá que plantearse la estrategia a seguir: «Nós involucrámonos porque non podemos permitir que unha vítima quede na rúa, a pesar de non ser un desafiuzamento por causa económica, senón de violencia».

Violencia machista

La situación de Sandra no es distinta a la de otras mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas. Su exmarido ha sido procesado y permanece a la espera de juicio por cuatro delitos de violencia.

Debido a su situación de víctima, la asociación Ve-la Luz le ha prestado su apoyo desde el principio. Su presidenta, Gloria Vázquez, denunciaba que el sistema vigente «fomenta y perpetúa el maltrato de mujeres y niños a manos de sus exparejas».

«¿Qué será lo siguiente por parte de este personaje? Solicitar la custodia de su hijo, porque su madre no tiene vivienda y el objetivo será cumplido», afirmaba Vázquez, que se quejaba de la escasa protección a las víctimas desde el entorno judicial: «Las víctimas, lejos de encontrar la libertad después de la denuncia, lo que se les está haciendo con los jueces y los mitos de denuncias falsas es perpetuarles el maltrato y haciéndolo todavía más cruel. Solo el 17 % de las víctimas recibe una ayuda, la concesión de las órdenes de alejamiento ha bajado muchísimo; estamos por debajo de las del año pasado y eso que el número de denuncias se ha reducido».

Desde la asociación Ve-la Luz solicitan «un sistema que dé poder a la víctima y a su hijo por ser la que protege, que sea ella la que decida cómo, de qué manera y cuándo y que sea modificado el sistema, que lejos de proteger a la víctima lo que hace es someterla», y que sean los maltratadores los que tengan que rehacer su vida y no las propias mujeres: «Queremos centros para ellos, que sean ellos los que tengan que marcharse de casa, queremos que sean ellos los que, si no cambian, tengan que huir de toda la sociedad».

Reacción del exmarido

Por su parte, el exmarido de la mujer ha asegurado que la venta de la casa no fue fraudulenta y que, de hecho, habría sido autorizada por un juez. En declaraciones a la agencia Europa Press, afirmó que no figura como domicilio familiar en la sentencia de divorcio, por lo que no se ofrece cobertura al menor.

Se fijó como vivienda habitual una de Pontedeume en la que el hombre ejerció como arquitecto, autorizándole a vender la residencia próxima al arenal cabanés para liquidar la hipoteca contraída y hacer frente al importe de la pensión correspondiente. Sostiene que la compró en 2009 por las deudas de una empresa financiera y una agencia de viajes.

El hombre remarca que su exmujer lo denunció por violencia de género el mismo día en que se puso a la venta el inmueble, situando los hechos en abril de 2009, meses antes de que él abandonase el domicilio.

Tras la sentencia de divorcio, ratificó la venta por 294.000 euros. Ella la tildó de fraudulenta, pero su anterior cónyuge estima que el juez le dio la razón y que el nuevo propietario presentó una demanda por desahucio, que se intentó ejecutar este lunes. Asimismo, niega los hechos de violencia machista que se le atribuyen.