FERROL360 | Martes 27 de enero de 2026 | 8:16

La Xunta de Galicia y los concellos afectados por los ataques del lobo solicitarán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el levantamiento de la suspensión de las medidas de control del lobo, paralizadas por un auto judicial. Así lo anunció la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ante el aumento de los avisos y su impacto directo en las explotaciones ganaderas y en la vida diaria de la población.

La conselleira mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, y con la concelleira de Mobilidade e Seguridade, María do Carme Pieltain, uno de los municipios que, junto con Cerdedo-Cotobade, ha trasladado por escrito una escalada de ataques que se producen cada vez más cerca de los núcleos de población.

Denuncias desde los concellos y el ámbito vecinal

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático remitirá al TSXG los escritos presentados por los concellos de Curtis y Cerdedo-Cotobade, en los que se detalla el número de avisos registrados en sus respectivos términos municipales. A esta documentación se sumará el informe de la Asociación de veciños de Viladóniga-Vilasanche, en Ferrol, donde, según explicó Ángeles Vázquez, se pone de manifiesto la «preocupación» existente entre la vecindad por la presencia del lobo.

Según trasladó la conselleira, estos ataques están teniendo una afección directa sobre la viabilidad de las explotaciones ganaderas, además de generar una creciente alarma social en zonas rurales y periurbanas.

El plan de gestión, en el centro del debate

Ángeles Vázquez recordó que, tras la retirada del lobo al norte del Duero del Listado de especies silvestres en réxime de protección especial (Lesrpe) en marzo de 2025, la Xunta recuperó el plan de gestión del lobo que estaba vigente hasta 2021, el cual permite autorizar medidas de control en situaciones muy concretas y justificadas.

Con esta nueva información, el Gobierno gallego espera que la Justicia se pronuncie sobre el recurso presentado por la Xunta contra el auto que paraliza la aplicación del plan y que, en la práctica, impide actuar ante los ataques reiterados de esta especie.