FERROL360 | Viernes 20 de septiembre de 2024 | 13:19
El deputado del Bloque Nacionalista Galego, Mon Fernández Alfonzo, presentó ante la Comisión 3ª de Economía, Hacienda y Presupuestos una Proposición No de Ley para instar al gobierno del Partido Popular a convocar la comisión de seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano de Ferrol, con el objetivo de exigir a la empresa el cumplimiento íntegro de los acuerdos laborales alcanzados con la representación de los trabajadores, aplicándolos a todo el personal de la UTE.
Desde el BNG señalan que la precarización del transporte público en Ferrol «es una deriva constante». Además, aseguran que, en los últimos años, con la unificación del transporte escolar y el transporte discrecional, especialmente, este deterioro se ha agravado aún más.
La empresa de transporte que ganó la adjudicación para realizar este servicio es ALSA, «una gran empresa del sector sobre la que, por cierto, pesan acusaciones de haber actuado de manera ilegal para repartirse el mercado con la otra gran empresa del sector, MONBUS», señaló Alfonzo.
El diputado del BNG aseguró que desde el mismo momento en que ALSA ganó la concesión, la empresa aplicó condiciones de trabajo diametralmente opuestas en ambas compañías. «Al personal de Intercar se le aplica el convenio colectivo provincial de transporte de viajeros por carretera», apuntó, que es de aplicación para todo el sector en el ámbito de la provincia de A Coruña, mientras que al personal de Maitours, señala, se le aplica un convenio de empresa, el antiguo convenio de Tranvías, que «tiene salarios entre 400 y 600 euros más bajos que el otro, al mes».
Desde el Bloque señalan que esta diferencia salarial provocó inmediatamente quejas y denuncias, que ALSA, «ha conseguido paralizar hasta ahora, lo que finalmente ha llevado al personal de Maitours a convocar una huelga para defender sus legítimos derechos», añadió Alfonzo.
El deputado nacionalista criticó a la Xunta de Galicia en dos vertientes: por un lado, como administración licitadora del servicio, que debe garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones de la concesión; y por otro lado, como autoridad laboral en Galicia, que «debe hacer cumplir la normativa laboral». Fernández Alfonzo denunció que, dos meses después de iniciada la huelga, «modificaron los servicios mínimos para aumentarlos nada más y nada menos que en un 300% a través de una resolución de la Xunta», lo que el diputado calificó de «disparate». Esta medida se justificó por el inicio escolar, ante lo cual Alfonzo respondió que «los servicios mínimos solo pueden modificarse por circunstancias imprevistas en el momento en que se fijan inicialmente, y el inicio del curso no es una circunstancia imprevista».
Además, el deputado nacionalista exigió a la empresa concesionaria del transporte público en la ciudad el cumplimiento del convenio colectivo del personal y su aplicación a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras a su cargo.
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