MARTA CORRAL | Ferrol | Jueves 6 septiembre 2018 | 15:05
Este jueves desayunábamos con una noticia de ABC en la que se aseguraba que el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, había presionado a una funcionaria municipal para que le diese un trato de favor a la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos. La funcionaria en cuestión presentó un escrito por Registro el 24 de julio denunciando la actitud de la edil, cuya familia le había solicitado un documento hacía días. El medio recogió algunas líneas del documento, en el que la trabajadora aseguraba que «tras conocer su estado de tramitación, comenzó a gritar y a humillarme delante de las personas que allí esperaban para ser atendidas, así como sometiéndome a coacción para que le resolviera el asunto de forma inmediata. Que dejara de atender al público y que resolviese lo que ella quería».
El Partido Popular aprovechó la coyuntura y se apresuró a dar una rueda de prensa este jueves denunciando que lo que había sucedido eran «prácticas propias de la concepción más rancia de las viejas políticas» e incidiendo en que «Jorge Suárez no solo habría sido cómplice de este abuso de autoridad, sino que él mismo habría sido el ejecutor». Exigieron también desde el PP que «se inicie un expediente informativo para esclarecer lo que pasó y se diriman las responsabilidades oportunas» y aseguraron que habían visto «estas actitudes indeseables en otras personas afines al alcalde que se mueven con esa política de no sabe con quién está hablando».
Esta es la nueva política d Jorge Suárez: Abuso de poder, coacción y exigencia de trato de favor a una funcionaria por intereses personales. #PorqueYoLoMando #LoHacesYPunto #LosVecinosDeSegundos https://t.co/2777YtPxkD
— Alejandro Padilla (@APadi13) 6 de septiembre de 2018
Respuesta del Concello
Desde el Gobierno local aseveran que los ediles «atenden e respectan escrupulosamente o cumprimento da legalidade», insistiendo «rotundamente que non existiu en ningún caso un trato preferente», pero sí al contrario, «houbo prexuizo para un veciño e una familia da nosa cidade». «O que si aconteceu obxectivamente, e así está documentado e rexistrado, foi a dolorosa circunstancia excepcional dun veciño de Ferrol, en fase terminal, que precisaba dun certificado do departamento de Estatística para remitir con axilidade ao xulgado e cumprir coa súa vontade. Un trámite sinxelo nunha situación límite».
Desde el Ejecutivo han señalado que «esta ‘nova’ se fundamenta nunha queixa particular emitida por unha funcionaria pública sen ningún tipo de contraste nin comprobación e filtrada interesadamente co único obxecto de perxudicar ao alcalde e a equipa de Goberno, con acusacións sen ningún tipo de soporte e con informacións que atañen a unha situación particularmente delicada para unha familia ferrolá». Por su parte, el portavoz del Gobierno, Álvaro Montes, ha confesado sentir «malestar, noxo, carraxe».
El edil de FeC ha hablado de la noticia publicada en «un medio afín ao PP», lamentando que a lo sucedido con «una situación de extrema gravidade» se le haya dado un uso político por parte de los populares. «En situacións así a Xunta e o Concello traballamos unidos, como coas tarxetas de estacionamento que se lles facilitan de urxencia a persoas en paliativos, isto era algo semellante», aseveró.
Sucesión de los hechos
Según el escrito presentado en el Registro municipal el 3 de agosto por Fernández Lemos, al que ha tenido acceso este periódico, para entender lo sucedido tenemos que remontarnos al pasado 10 de julio, fecha en la que un amigo de la familia fue por primera vez al Negociado de Estadística a solicitar un histórico del empadronamiento del cuñado de la concejala, con una enfermedad terminal.
Su última voluntad -el hombre fallecía días después, el pasado 1 de agosto-, era poder adoptar a los hijos de su pareja, con los que había estado conviviendo más de 25 años. Es por eso que el documento del padrón se necesitaba de forma urgente, pero lo que le facilitaron ese día era solamente el certificado de su empadronamiento actual.
De modo que el mismo hombre volvió al concello al día siguiente para solicitarlo de nuevo y las funcionarias le dijeron que estaría listo en un par de días. El viernes 13 regresó a por él a primera hora, pero le explicaron que todavía no estaba y que volviese a «última hora de la mañana», que se lo dejarían a una trabajadora de la oficina de información. Fue el sobrino de Fernández Lemos quién pasó a retirarlo.
Tres días y con errores
Sin embargo, la odisea no acababa ahí. Leído el documento se dan cuenta de que contiene varios errores en fechas y traslados de domicilio, de modo que Fernández Lemos acude a Estadística el lunes 16 de julio para solicitar uno nuevo corregido. La edil afirma que explicó que «se trataba de mi cuñado, la gravedad de la situación que había, que había varios errores en el documento y que cómo tenía que hacer, que si pedía por ventanilla otra solicitud formal».
La funcionaria en cuestión le respondió que no sabía que eran familiares suyos y que «el certificado no era de emisión inmediata, que si le dejaba la copia de la documentación ya lo revisaba». Fernández Lemos volvió al día siguiente, pero la funcionaria dijo que no había tenido tiempo porque había mucha gente esperando. La edil regresó también el miércoles 18, pero no hubo suerte.
Consciente de que el tiempo de su cuñado se terminaba, Fernández Lemos puso lo sucedido en conocimiento del alcalde y este, tras cerciorarse de que las auxiliares de Estadística podrían estar atendiendo al público y entonces así Bouzamayor, la Jefa de Negociado, podría ocuparse de subsanar los errores, pidió que desde Alcaldía se solicitase verbalmente la emisión del certificado.
«Hay mucha gente y no me da tiempo»
Nos plantamos en el jueves 19 de julio y tampoco se facilita el documento en Estadística. Así que a las 14:15 horas Fernández Lemos vuelve por allí y la funcionaria le dice que no lo tiene hecho. «Le pregunté una vez más cómo tenía que hacer, que no me importaba volver a hacer cola, pero que el certificado había que presentarlo en el juzgado y testificar, que no le quedaba mucho tiempo de vida a mi cuñado».
Según la versión de la concejala, la funcionaria le contestó «a gritos» que «sube a Alcaldía y le dices al alcalde que te diga cómo hacerlo, que hay mucha gente y no me da tiempo», cuando solamente había una persona en la ventanilla. «Yo le dije que no tenía corazón ni humanidad, que necesitábamos urgentemente un certificado por el que llevábamos esperando 10 días», admite Fernández Lemos.
Un correo del alcalde
La concejala subió a Alcaldía, relató lo vivido y Suárez indicó a la Jefa de Negociado de Alcaldía que redactase un correo reiterando la orden dada verbalmente días atrás, recordándole que «a Alcaldía ten a facultade de alterar a orde do despacho de asuntos ou expedientes cando existan razóns motivadas» y pidiéndole el documento para el día siguiente, 20 de julio.
Llegó el certificado, pero tampoco estaba correcto, figuraba a nombre del alcalde, que tenía la firma delegada en ese momento. Subsanada la imprecisión, a las 11:00 horas recibían finalmente el documento diez días después de solicitarlo por primera vez.
Denuncia de la funcionaria
El martes 24 de julio la funcionaria que acusa a Fernández Lemos de trato vejatorio registró el documento recogido por ABC denunciando la actitud de la edil, alegando que había pedido ser atendida antes que el resto de la gente y que le había hablado mal. La concejala respondió con este escrito del que nos hemos hecho eco el 3 de agosto, pidiendo que desde el Concello «se tomen las medidas oportunas para instruir un expediente informativo que aclare lo sucedido», lo mismo que ha pedido el PP en su rueda de prensa.
Debate sobre el post