El PSdeG-PSOE ha cargado contra la sanción impuesta por la Xunta de Galicia al Concello de Valdoviño en relación con la piscifactoría de Meirás y ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento gallego para exigir explicaciones. La cuestión fue abordada en una reunión entre el deputado autonómico Aitor Bouza y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, que defendieron una actuación coordinada frente a una decisión que consideran injusta.
El regidor sostuvo que la instalación fue «abandonada por parte da Xunta de Galicia» y lamentó la falta de respaldo autonómico durante estos años. «Non tivemos en ningún momento contestación nin apoio de Xunta de Galicia para buscar unha solución», afirmó González, que reprocha a la Administración autonómica no haber acompañado al Concello en la búsqueda de una salida para este espacio.
Según explicó el alcalde, el gobierno local trató de impulsar «unha recuperación axeitada deste espazo», con una doble vertiente: la reparación ambiental de la zona y el aprovechamiento de las edificaciones «para os mariscadores, para uso da cidadanía en xeral». Sin embargo, sostiene que la respuesta recibida fue muy distinta a la esperada. «En vez diso atopámonos cunha sanción», lamentó.
González fue un paso más allá al asegurar que la propia Consellería de Medio Ambiente «non autorizou as actuacións necesarias para analizar e intentar que non houbese ningún tipo de vertido nese ámbito». A su juicio, la situación obliga a aclarar qué hay detrás de este conflicto. «Vamos ver que hai por detrás, que está sucedendo, se hai alguén por parte da Consellería que estea traballando para que en Valdoviño non se podía facer unha reparación efectiva deste espazo», señaló.
Desde el PSdeG, Aitor Bouza anunció que el Grupo Parlamentario Socialista registrará iniciativas para pedir cuentas a la Xunta por esta decisión. «Dende o Partido Socialista levaremos a sanción que se puxo por parte da Xunta de Galicia ao Parlamento galego», avanzó el diputado. El objetivo, explicó, es que el Gobierno autonómico detalle «por que se impuxo esta sanción cando a Xunta de Galicia non atendeu ós diferentes requirimentos que se fixeron dende o Concello de Valdoviño para poder tomar medidas na piscifactoría de maneira preventiva».
Bouza también puso el foco en una circunstancia política que, a su entender, agrava la polémica. «Dase a casualidade de que a xefa de gabinete da Consellería de Medio Ambiente, que toma esta decisión e impulsa esta sanción ao Concello é a voceira do Partido Popular neste concello», afirmó. En esa misma línea, criticó que, en lugar de apostar por la colaboración institucional, la Xunta opte por una vía que, según sostuvo, acaba repercutiendo sobre la ciudadanía del municipio.
El diputado socialista resumió esa crítica con un mensaje directo: «En vez de apostar pola colaboración entre as administracións, o Concello e a Xunta de Galicia, para poder apostar por un plan», lo que se hace es que «os veciños e veciñas de Valdoviño, aos que ela quere representar, teñan que pagar esta sanción».
Con este movimiento, el PSdeG eleva al Parlamento un conflicto que mezcla gestión ambiental, responsabilidades administrativas y choque político en torno a la antigua piscifactoría de Meirás. La reclamación socialista pasa ahora por aclarar por qué, según denuncian, no hubo apoyo para actuar de forma preventiva y sí una sanción posterior al Concello de Valdoviño.