FERROL360 | Martes 14 de octubre de 2025 | 15:57
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado el capítulo I del presupuesto aprobado por el Concello de Ferrol en enero de este año, relativo a los incrementos retributivos del personal funcionario para el ejercicio 2025.
La sentencia estima el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega, al considerar que no se produjo la negociación preceptiva sobre los créditos presupuestarios que afectan a las condiciones retributivas del personal. Según el fallo, «la referencia al tema de los gastos de personal tan sólo fue para dar cuenta de su contenido, y no para negociarlo, tal y como constaba en la convocatoria de la mesa de negociación».
El tribunal acoge el argumento de nulidad planteado por la letrada de la organización sindical, en base al artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que exige la negociación de estos aspectos. Además, subraya que «esa imposición unilateral» vulnera «el contenido esencial del derecho de libertad sindical».
La resolución también recuerda que el artículo 33.1 del mismo Estatuto impone una negociación de buena fe, entendida como un debate auténtico y verdadero, aunque no necesariamente con acuerdo final. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La asesoría jurídica del Concello de Ferrol interpreta esta sentencia como un cambio de criterio por parte del TSXG en lo relativo al procedimiento de negociación presupuestaria, un criterio que, como subraya, respeta «como non pode ser doutro xeito».
Desde el gobierno municipal insisten en que «a vontade do goberno de Ferrol está sempre na negociación». Recuerdan que el Concello llevaba dos décadas sin contar con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), instrumento clave en materia laboral. La RPT aprobada por el actual ejecutivo, según aseguran desde el Concello, fue negociada con todos los sindicatos y recibió el respaldo de CSIF, CCOO y UGT, mientras que la CIG votó en contra. Precisamente este último sindicato fue quien interpuso el recurso que ha dado lugar a la resolución judicial, centrado en el capítulo I del acuerdo plenario, que recoge únicamente la cuantía total de las retribuciones.
La asesoría jurídica ha recomendado recurrir a la siguiente instancia, en este caso el Tribunal Supremo, para defender los intereses globales de la ciudad.