FERROL360 | Martes 25 junio 2013 | 23:07

El Concello de Ferrol aplicará por primera vez en el pleno ordinario de este próximo jueves una serie de «medidas preliminares» encaminadas a lograr el «normal desenvolvemento» de las sesiones. En todo caso, ya ha presentado este martes a la oposición un informe técnico sobre dichos aspectos de seguridad, encargado tras los incidentes de las últimas citas en la casa consistorial, que llegaron a provocar la suspensión del pleno ante las protestas de diversos colectivos.

Entre esas directrices, se reduce a 84 personas el aforo máximo del salón de sesiones. Lo detalla: 6 personas en cada uno de los 14 bancos existentes. Así lo explicaron la portavoz del gobierno local, Martina Aneiros, y los ediles Pablo Cal y Guillermo Evia. Se considera que, con ese límite, se garantiza que queden libres pasillos y escaleras ante una posible evacuación.

Los asistentes, que entrarán por la puerta lateral que comunica con el Registro General, serán identificados antes de su entrada y no podrán acceder con «elementos que poidan poñer en perigo a integridade dos presentes». Eso sí, se ha matizado que el documento entregado a PSOE, EU, BNG e IF tiene un «carácter previo á espera de coñecer o plan de prevención e protección», actualmente en fase de desarrollo. Será entonces, según el grupo popular, cuando esas formaciones pueden aportar sugerencias al respecto.

PRIMERAS REACCIONES

El BNG ha estimado, tras conocer las primeras medidas del ejecutivo local, que el Concello solo «quere aplicar a limitación do aforo dos plenos», aunque cree que aspira a hacerlo «amparándose na necesidade de elaborar un plan de evacuación, accesibilidade e protección contraincendios do edificio municipal». Un documento que contendrá otras iniciativas a aplicar en el Palacio Municipal, por lo que los nacionalistas alertan de un intento de «limitar o acceso dos veciños e veciñas aos plenos municipais, que deben ser públicos».

A su juicio, el criterio de la administración local se basa en «recomendacións de empresas externas», sin que las medidas que estas proponen «veñan avaladas por técnicos municipais».