FERROL360 | Miércoles 19 de noviembre de 2025 | 7:35

La CIG-Administración Pública ha convocado hoy concentraciones delante de los edificios de la Xunta en las siete ciudades gallegas para denunciar el empobrecimiento del personal empleado público y el deterioro continuo de los servicios públicos.

Según explican desde la central sindical, estas movilizaciones se enmarcan en el debate parlamentario de la ley de presupuestos de Galicia para 2026 y de la ley de medidas fiscales y administrativas, que «non inclúen melloras nas condicións económicas nin de traballo do persoal ao servizo da Xunta».

Las protestas tendrán lugar a las 11:00 horas en Pontevedra, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo.

El sindicato exige recuperar derechos recortados

Desde la CIG-Administración Pública reclaman a la Xunta la recuperación de los derechos recortados en 2012, como los días de asuntos propios o los recogidos en el V Convenio del personal laboral. También exigen «o estabelecemento dun complemento transitorio do soldo base e os trienios das pagas extraordinarias para recuperar o poder adquisitivo perdido dende 2010», así como la eliminación de las limitaciones en las contrataciones de personal sustituto e interino, concursos de traslados permanentes y la restitución del derecho a la carrera profesional «a todo o persoal».

Las movilizaciones coinciden con la reunión para la negociación de un acuerdo salarial estatal que el Gobierno español ha abierto «só cunha parte dos sindicatos con dereito a representación e á marxe das mesas legalmente constituídas». Por ello, el secretario nacional de la CIG-Administración, Luis Carballo, insta al ministro de Transformación Digital y Función Pública a «convocar de xeito inmediato a Mesa Xeral de Negociación» para abordar un incremento salarial justo para todo el personal público.

Incrementos salariales y cláusula de garantía

El sindicato reclama para 2025 y 2026 incrementos del 5% y la aprobación por ley de una cláusula de garantía salarial, de modo que los salarios del sector público se actualicen automáticamente cada año en función del IPC real. La CIG ha presentado una Proposición no de Ley para llevar esta cuestión al Parlamento gallego, que actualmente se encuentra en fase de recogida de firmas.