La Federación de Servicios de la CIG ha denunciado ante la Fiscalía de Ferrol la grave situación de inseguridad que están sufriendo las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar del Concello de Valdoviño.

Además, han denunciado, que la situación que padecen las trabajadoras por parte del padre de uno de los usuarios del servicio puede constituir un hecho delictivo.

En los últimos meses, la prestación del servicio se ha vuelto muy dificultosa o más bien imposible debido a las continuas muestras de desprecio, insultos, vejaciones, amenazas verbales e incluso agresiones físicas proferidas por el padre de un usuario hacia las trabajadoras que desarrollan el servicio.

El comportamiento ignominioso de esta persona hacia las trabajadoras ha provocado que se hayan formulado algunas denuncias ante la Guardia Civil y que se haya producido incluso algún procedimiento judicial con sentencia condenatoria.

A pesar de que la empresa adjudicataria y el Concello de Valdoviño son conscientes de la situación y la han puesto en conocimiento de la Xunta de Galicia, responsable final del servicio, esta no ha procedido a suspender la prestación del servicio ni a revertir adecuadamente la problemática en cuestión, por lo que las trabajadoras encargadas de cumplir la tarea acuden a esa vivienda con temor (y en ocasiones escoltadas por la Policía Local, que espera en el exterior de la vivienda). En esas condiciones, no se puede prestar ese servicio.

El art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) reconoce al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia. Por eso hemos puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, para que tome las medidas legales oportunas que estén a su alcance como institución defensora de la legalidad, tanto en relación con el comportamiento de esa persona hacia las trabajadoras del SAF, como respecto a eventuales medidas de protección que se deban tomar respecto a la persona con discapacidad de la que depende.

Recordemos que para denunciar esta situación, las trabajadoras realizaron una concentración el pasado 28 de octubre y continuarán movilizándose para garantizar el derecho a trabajar en un entorno seguro.