FERROL 360 | Jueves 5 de noviembre | 7:40

Delegados y delegadas de la CIG se concentraron el pasado miércoles frente a los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en las siete ciudades, entre ellas Ferrol, en rechazo a la ampliación de competencias de las mutuas, que ahora podrían gestionar las bajas por enfermedades musculoesqueléticas.

La central sindical reitera su firme oposición a otorgar más poder a estas entidades privadas, a las que considera una fuente de abusos en favor de los intereses empresariales, y exige a la Xunta que no ceda competencias propias de la sanidad pública.

«Lo que se pretende es seguir descapitalizando la sanidad pública y ampliar el ámbito de actuación de las mutuas, que ya son un instrumento que ataca la salud de las personas trabajadoras».

«Esto sucede tanto en la prevención de riesgos laborales como, especialmente, en la atención a enfermedades profesionales y accidentes laborales», criticó el secretario general de la CIG, Paulo Carril, al inicio de la concentración en A Coruña.

La posibilidad de que las mutuas gestionen procesos de Incapacidad Temporal y patologías derivadas de enfermedades musculoesqueléticas está recogida en el acuerdo de pensiones firmado el pasado 19 de septiembre entre el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal estatal.

Carril señaló que esta medida ya formaba parte del V Acuerdo de Negociación Colectiva pactado en 2023 entre la CEOE y los sindicatos españoles, que recomendaba acuerdos para reducir la duración de las bajas, culpabilizando a los trabajadores de sus enfermedades.

Según la CIG, el problema radica en el sistema laboral y de gestión de las mutuas, ya que muchas bajas consideradas comunes deberían ser profesionales por derivarse del trabajo.

El secretario general destacó la alta incidencia de enfermedades musculoesqueléticas en el ámbito laboral, especialmente en la industria y en sectores feminizados como los servicios.

Convenios de colaboración

Para transferir estas competencias del SERGAS a las mutuas, la Consellería de Sanidade debe firmar convenios de colaboración con estas entidades, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el INSS.

«En las reuniones con la Xunta, que tiene plenas competencias en materia sanitaria, hemos exigido que se niegue a firmar estos convenios, ya que está en riesgo la atención a los trabajadores», explicó Carril.

Según él, bajo la excusa de reducir las listas de espera, se combina una doble amenaza: la privatización de la sanidad pública, insuficientemente dotada, y el tratamiento de los trabajadores bajo criterios puramente economicistas por parte de las mutuas.

Por ello, la CIG se moviliza para exigir al Gobierno gallego que «rechace otorgar más poder a las mutuas». Además, han iniciado contactos con los grupos parlamentarios para promover iniciativas al respecto, aunque solo el BNG ha respondido hasta ahora.

Carril criticó que, aunque la Xunta afirma estar estudiando el convenio enviado por el Gobierno español, en agosto ya aplicó una modificación normativa para intensificar las revisiones médicas de bajas laborales.

Esto, basándose en la «gran mentira» de que el absentismo es un problema de la clase trabajadora que impide el empleo.

Por último, denunció que el reciente acuerdo de pensiones dificulta la jubilación parcial y no reconoce coeficientes reductores para la jubilación anticipada en trabajos especialmente duros o peligrosos.

«Pretenden que trabajemos sin estar en condiciones de salud, beneficiando a las mutuas que gestionarán estas enfermedades», concluyó.