RAÚL SALGADO / MARTA CORRAL | Ferrol | Miércoles 10 mayo 2017 | 20:20
Lejos de haberse sosegado el ambiente en la comunidad educativa del CPR Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol después de que un colectivo de padres y madres realizase por su cuenta un sondeo sobre el horario lectivo a finales del pasado mes de abril, las posturas de centro y familias díscolas están lejos de encontrarse mientras desde la ANPA insisten en que no pueden tomar partido, advirtiendo asimismo que no se ha seguido el protocolo establecido para este tipo de cambios.
Los padres y madres que abogan por la modificación hacían públicas las cifras de la votación esta semana, valorando los «resultados muy favorables hacia la preferencia a una jornada única», que obtuvo según sus datos un 77,72 % de los votos. Solamente un 16,31 % apostó por la actual jornada mixta y un 4,61 % se manifestó «indiferente». Destacando su «alta participación, con un 88,40 % de asistencia» sobre el censo no oficial que manejaban, lamentaron de nuevo que no se les «permitiese realizar la votación, que se alargó durante cuatro días, en el patio de entrada del colegio, obligando a los miembros de la mesa a permanecer en la calle, al lado de la puerta de entrada».
Explican que «un gran número de personas que acudía a votar» mostró su «apoyo y la indignación que sentían con la situación, a la vez que agradecían el esfuerzo realizado». Detallan que el sondeo se celebró «con votación con urna en la puerta del colegio para conocer el interés real» sobre esta opción, «organizada por un numeroso» colectivo de progenitores que son miembros de la asociación de padres.
Críticas a la ANPA y petición de diálogo al colegio
Las familias que buscan el cambio de horario censuran que «los intentos» sucesivos no permitiesen que el sondeo fuese auspiciado por la propia directiva de la ANPA «a pesar de que la gran mayoría de los asistentes a las últimas reuniones así lo demandó», dicen, asegurando que «con una votación a mano alzada en la última reunión, el 90 % de los presentes estuvo de acuerdo en que debía ser la asociación la que organizase la consulta a petición de la mayoría de sus miembros» sin entender que justifique su papel neutral porque «no se pueden posicionar».
Critican que la ANPA «sin duda alguna no ha accedido porque la dirección del centro no tenía interés en llevar a cabo el sondeo» y lamentan que «no estén llevando a cabo la función esencial de una asociación de padres, que es representarlos». Aguardan, sin embargo, que «reflexione y actúe representando a esa gran mayoría» de progenitores, a la vez que hacen «un llamamiento al diálogo» con el colegio.
El colectivo asegura que entregó los resultados a la directora del centro esperando que «tenga en cuenta los 222 votos a favor de un cambio de jornada, frente a 46 que se manifiestan a favor de continuar con la jornada mixta». «Para la buena marcha de la convivencia escolar es elemento imprescindible mantener una escucha activa de todos los miembros de la comunidad educativa; entre ellos, los padres de sus alumnos porque sin ellos el colegio no seguiría existiendo», concluyen.
La Federación de ANPAS sale al paso de la polémica
La Federación de ANPAS de Colexios Concertados de Ferrolterra ha emitido un comunicado este miércoles reiterando que «desde las ANPAS no se puede tomar partido a favor o en contra de ningún cambio, debiendo mantenerse al margen de dicha decisión». Sin embargo, recuerdan que «sí existe la misión de informar a los padres de cuáles serían los procedimientos a seguir para solicitar el cambio de horario en el centro».
Aseguran que este extremo se ha cumplido en el caso del centro de Fajardo. «Nos consta, efectivamente, que desde la ANPA de Mercedarias se les hizo entrega a los padres de DOG de 2008 que recoge el procedimiento a seguir en dos asambleas realizadas a principio de curso, dejando que estuvieran presentes padres no socios para facilitar dicha información al mayor número de familias posible», apuntan.
El comunicado, que rubrica la presidenta de la Federación, Patricia Pérez Marín, acaba reiterando la «necesidad de trabajar ANPAS y centros en una misma línea por el bien de nuestros niños», insistiendo en que mantienen sus puertas abiertas para informar y ayudar, «siempre dentro de la normativa vigente», subrayan. Lo cierto es que la incertidumbre que envuelve al funcionamiento del centro en este momento le hace un flaco favor a la campaña de nuevas matrículas.
«Un centro concertado es como una empresa privada, si no quiere, no va a cambiar nada»
Un miembro de la comunidad educativa de Mercedarias, cuya identidad prefiere no ver publicada «para evitar polémicas», asegura que el problema radica en que «los padres que hicieron el sondeo no se dan cuenta de que es ilegal porque no han seguido los pasos que se marcan por ley y eso no depende del ANPA». Explica que, para empezar, el censo con el que se ha votado «no es oficial, lo han hecho los padres y madres por WhatsApp, así que incluso podrían estar incurriendo en un delito estipulado en la Ley de Protección de Datos», apunta.
«Con todo, aunque hubiesen seguido el protocolo al dedillo, que ya digo que no, estamos fuera de plazo para pedir formalmente el cambio, como mucho lo tendríamos para el curso 2018-2019», relata, explicando que, además, «el centro es concertado, como si fuera una empresa privada, tiene máxima representación en el Consejo Escolar, que es quien tiene que aprobar el cambio en última instacia, así que si el colegio no quiere, no se va a cambiar nada», asevera.
¿Qué dice la Ley?
La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria promovía la Orden de 29 de mayo de 2008 para establecer el procedimiento de implantación de la jornada lectiva en sesión única o mixta en centros concertados y públicos, además de otras escuelas, colegios rurales y centros de educación especial. Tanto para establecer la sesión única de mañana como para la jornada mixta, las comunidades educativas tienen que cumplir cinco requisitos previos.
Primero, el acuerdo del consejo escolar por mayoría de tres quintos de sus miembros, después el del claustro de profesores por mayoría de tres quintos también, un informe favorable del Servicio de Transportes de la delegación provincial si el centro cuenta con transporte escolar, un plan específico de actividades extraescolares y un consenso favorable del 58 % del censo de madres, padres y tutores legales del alumnado -en el caso de la mixta el acuerdo tiene que ser del 100 %-, especificándose en el documento que «a efectos de establecer el total del censo, se computarán la madre o el padre o uno de los tutores legales del alumnado de la etapa en la que se pretende cambiar la jornada».
Para «garantizar el máximo conocimiento del plan específico de actividades extraescolares por parte de los distintos sectores de la comunidad educativa» los centros organizarán una fase informativa con un mes de antelación a la celebración de la votación de padres, madres y tutores.
¿Cómo tienen que hacerse las votaciones?
Mientras que las correspondientes al consejo escolar y al claustro «se celebrarán en sesiones extraordinarias convocadas al efecto», el procedimiento de las familias es algo más complicado. Para empezar, será el centro el que convoque la votación y se tendrá que exponer el censo al menos 10 días antes en el tablón de anuncios contemplando además cinco días para que se hagan reclamaciones.
Una vez pasada esa fase y llegado el día de los comicios se constituirá una mesa «compuesta por la dirección del centro, que la presidirá, y dos madres, padres o tutores legales, designados por sorteo público, actuando como secretaria o secretario», designándose asimismo titulares y suplentes. La votación se realizará en el centro en una única jornada «que no será inferior a ocho horas» y con voto «directo, secreto y no delegable».
Cumplidos todos los requisitos la dirección del centro efecturá la solicitud a la delegación provincial de la Consellería «durante el mes de febrero», adjuntando las actas de las votaciones y el informe favorable del transporte público. Entonces sería la Inspección Educativa quien tendría que emitir un informe favorable y proponer a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa la resolución que proceda, que no podrá ser modificada en un período de tres años académicos.
Debate sobre el post