DAVID MANUEL RODRÍGUEZ FERRO | Miércoles 9 de octubre de 2024 | 8:10
Hace no mucho tiempo tuve noticia de que se elaboran más de dos millones de páginas anuales de legislación y normativa en todo el territorio de las Españas; lo que incluye a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. No habría bosques suficientes que soportasen esa masacre, ni Magistrado capaz de leerse ni siquiera la mitad.
Dentro de ese laberinto jurídico, hay una sección tan necesaria como ambivalente y peligrosa a la que los políticos les gusta disfrazar de cordero para poder presumir tanto de ella como unos abuelos paseando a un nieto; y es el derecho medioambiental.
Disculpen que me ponga políglota, pero es que el greenwashing es algo muy fashionable – ponible, que me corregiría la RAE -y recurrido. La cuestión es que, en la mayoría de gobiernos – de todas las formas y colores -, se emplea a discreción, de uso tópico, y no es apto para los intolerantes a la lactosa jurídica.
Para los que no les suene el término, con el greenwashing se pretende una imagen de preservación y potenciación ecológica mientras se ejecuta todo lo contrario, mediante concesiones hacia la industria o un laissez-faire de acciones claramente opuestas a las políticas ambientales, usando un argumento todo-terreno como el de la potenciación en la creación de empleos, por ejemplo.
Esto tiene un efecto curioso, como el dar por hecho que unas zapatillas Converse sientan bien con traje y camisa en todo momento y a todo el mundo, o sacarse de la manga un gazpacho de grelos con pimientos de Padrón.
La cuestión, si la viésemos desde una película de Berlanga, tendría tintes de realidad y no sería más que una anécdota entre tapa y caña sabática, mas siempre hay un ‘pero’ en estas Españas. Si nos vamos al terreno de juego, tenemos una colorida panoplia de normativas y sus resultados.
En concreto, la legislación relativa al patrimonio natural y a la biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.); la cual es cuanto menos caótica y se gestiona entre el Ministerio de Medioambiente, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, y, por si fuesen pocos, las comunidades autónomas junto a lo que las Entidades Locales puedan disponer. Es decir, más capotazos que en una maestranza taurina.
Les propongo el caso de las autocaravanas y su estacionamiento furtivo, que abundan más que los boletus en octubre, y no pocos ayuntamientos prefieren sancionar administrativamente que mantener una estricta observancia de la normativa imperante. Esto, por supuesto, va en detrimento del medioambiente, incluyendo al ambiente vecinal, con una alusión directa a nuestros arenales.
Pero si nos vamos a otras orillas, veremos que el doble filo del turismo puede en ocasiones gestionarse como un excelente aliado; en el caso de numerosos parques regionales meridionales – como Calblanque en Murcia, la bahía de Cádiz, Tarifa, Sierra Nevada, etc. – hay una férrea disciplina en mantener impoluta la excelencia turística y – aprovechando la coyuntura- la medioambiental -, medio de subsistencia de gran parte de la población.
Sin duda, se prefieren los boletus de obtención inmediata a las arcas municipales que aquellos potencialmente acordes a la normativa que, aún caótica, es necesaria. Si hubiese que dar un veredicto, se trata de un gazpacho indigesto y únicamente verde a los ojos de alguien con daltonismo político.