Valdoviño ha abierto el plazo para que empresas y autónomos puedan optar a la concesión de quioscos o chiringuitos de temporada en varias de sus playas de cara al verano. La convocatoria se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y activa un periodo de 10 días naturales para presentar ofertas.
Los negocios se ubicarán en los arenales de A Mourillá (Meirás), Outeiro (Lago) y O Rodo (Marnela, Pantín), tres de los puntos con mayor afluencia del litoral del municipio.
Diez días para presentar solicitudes
El plazo comienza a contar desde el 2 de abril, y las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica municipal o en el registro del Concello. Además, las bases completas pueden consultarse tanto en la web municipal como en el tablón de anuncios.
Desde el Concello recuerdan que este proceso se ajusta a la normativa vigente, que regula la instalación de este tipo de servicios en el dominio público marítimo-terrestre.
Ubicación y normativa: equilibrio con la hostelería
La elección de los emplazamientos responde a criterios legales que buscan compatibilizar la actividad de temporada con la hostelería existente. En este sentido, se garantiza una distancia mínima entre los chiringuitos y los negocios ya establecidos para evitar perjuicios económicos.
Tal y como se recoge en las bases, el objetivo es cumplir con la normativa que fija esa separación para «evitar perxudicar a actividade económica» de los establecimientos permanentes.
Instalaciones limitadas y carácter desmontable
Las condiciones del concurso establecen que los quioscos deberán ser instalaciones móviles o desmontables, con una ocupación máxima de 70 metros cuadrados, de los cuales solo 20 metros cuadrados podrán destinarse a zona cerrada.
Además, el documento aprobado por unanimidad en pleno aclara que la concesión no exime de obtener otras licencias o permisos necesarios según la normativa sectorial aplicable.
Canon y requisitos adicionales
El canon por el uso del dominio público marítimo-terrestre será fijado por la Administración General del Estado, que es la competente en esta materia. No obstante, las bases establecen una cantidad mínima orientativa para poder concurrir al proceso.