FERROL 360 | Viernes 31 de enero de 2025 | 10:45
El BNG realizó el pasado jueves una visita a la Residencia de mayores de Caranza acompañado por la presidenta y varias compañeras de la CIG del comité provincial de la Consellería de Política Social.
La responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano, el concelleiro y responsable local de Ferrol, Roberto Montero, y el diputado en el Parlamento Gallego, Mon Fernández, se acercaron hasta la cafetería del centro sociocomunitario de Caranza para compartir un café y una conversación con los representantes de la CIG.
También estuvo presente un importante grupo de trabajadoras de la residencia que, a título particular, también quisieron expresar su opinión sobre los problemas existentes en este centro residencial.
Durante la conversación, los representantes del BNG pudieron constatar que «se repite el patrón de abandono por parte de la Xunta de sus obligaciones respecto a las personas mayores o dependientes».
En la comarca de Ferrol es bien conocida la situación del CAPD Souto de Leixa, donde «ni siquiera se respeta la dignidad o los derechos humanos más básicos de las personas residentes».
En este caso, las quejas del personal de Caranza son de dos tipos. En primer lugar, sobre el estado del centro y las instalaciones, que tienen 50 años y nunca han sido reformadas a fondo. Tanto las habitaciones, como los baños y sus complementos están totalmente envejecidos y muy deteriorados.
Lo mismo ocurre con las zonas comunes, como por ejemplo el comedor. Pero lo más grave son las inundaciones que se producen cada vez que llueve, algunas en zonas de paso muy transitadas, lo que no solo supone un deterioro importante de la calidad de vida de las personas residentes, sino que puede provocar caídas.
En segundo lugar, el personal se queja de la excesiva carga de trabajo y el ambiente tóxico provocado por la directora del centro.
Como es común en otros centros, el personal es escaso y cuando se producen bajas o imprevistos, las personas que cubren los turnos de trabajo se ven completamente desbordadas.
A esto hay que añadir que hay personas residentes muy dependientes que no figuran como tales debido a los plazos de la valoración de la dependencia, lo que significa un mayor volumen de trabajo que no se tiene en cuenta, o que trabajadoras con adaptación del puesto de trabajo son contabilizadas como si fueran otras más.
Estas situaciones son continuas desde hace mucho tiempo y no se resuelven, por lo que el nivel de exigencia y la tensión acumulada durante tanto tiempo produce agotamiento, frustración y ansiedad.
Las quejas del personal, tanto del comité de empresa como de las personas a título particular, son respondidas por parte de la directora del centro con represalias de diversa índole, desde llamadas de atención en público y de malos modos, con faltas de respeto, e incluso con la apertura de expedientes disciplinarios.
La sobrecarga laboral y las represalias de la dirección han desembocado en un conflicto social y en la petición, por parte del comité de empresa, del cese de la directora.
El BNG demandará la intervención inmediata de la Xunta para resolver los problemas estructurales del centro, instalaciones y carga de trabajo, y sobre todo, para solucionar el conflicto social.