FERROL360 | Martes 13 abril 2021 | 17:55
El PP de Ferrol mostró este martes su satisfacción por la reapertura de la oficina local del Catastro, que censura el BNG por no prestarse el servicio de forma directa por parte del Concello. La portavoz adjunta de los populares, Martina Aneiros, lamentó que el gobierno local haya tardado «más de medio año» en retomar la actividad en esta prestación.
«Aunque sea tarde, hemos conseguido que se reactive un servicio fundamental para los ferrolanos», estimó, recordando que su partido pidió esta medida «reiteradamente». Además, indicó que en 2020 se solicitó la reapertura con una moción apoyada en pleno por Ferrol en Común y BNG, pero el ejecutivo local se abstuvo.
A su juicio, demostró «una vez más su falta de gestión, estamos ante un Gobierno desbordado que actúa por impulsos, sin un proyecto de ciudad». Para la edil, se ha provocado «incertidumbre durante estos meses entre los ferrolanos; no sabían a dónde dirigir sus peticiones sobre temas catastrales y nos trasladaron en numerosas ocasiones su preocupación».
«Es un ejemplo más de la falta de planificación y coordinación de este Gobierno, que en lugar de arreglar lo que no funciona cierra un servicio sin antes dar una alternativa a los vecinos», reprochó Aneiros. De esta forma, afeó que tuviesen que desplazarse «para realizar estos trámites; apostamos por el mantenimiento de los servicios públicos».
BNG
El portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, criticó que el «goberno local decidira volver privatizar a oficina do Catastro na cidade tras pasar máis de medio ano sen servizo». Para el concejal, el consistorio opta por «volver ao modelo de xestión anterior a través da prestación deste por unha empresa privada».
Según la formación, «o que precisa esta cidade é avanzar no proceso de remunicipalización de servizos co obxecto de melloralos e crear emprego na cidade». A su entender, «súmase a outras oportunidades perdidas, como o servizo de axuda no fogar ou o mantemento de viais, servizos que o que teñen é fundamentalmente un custe laboral».
«Polo tanto, unicamente consiste en desenvolver os trámites administrativos para prestar directamente un servizo que por ser de prestación obrigatoria escapa das restricións da Lei de Estabilidade Orzamentaria», argumentó. Censuró que de «novo o goberno local renuncie á oportunidade de xestionar directamente un servizo municipal».