FERROL360 | Martes 5 agosto 2014 | 21:24
La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea rechaza el dique flotante para los astilleros de Ferrol. En respuesta a la consulta realizada por España a este respecto, Bruselas advierte de que se podría incurrir en ayudas estatales no permitidas o financiación privilegiada, opciones que niega el derecho comunitario.
En la respuesta, que recoge la agencia Europa Press, se estima que «no se puede excluir con certeza la presencia de ayuda estatal en el proyecto» y observa que «no parece que la intervención de inversores privados permita considerar la operación» como un ejercicio en igualdad de condiciones «y excluir de este modo la presencia de ayuda estatal».
A su entender, no sería viable sin «un significativo apoyo público, preferentemente bajo la modalidad de financiación privilegiada». Así, sostiene que «parece que no es posible únicamente mediante fondos privados y que la financiación pública podría concederse a condiciones no de mercado», incurriendo en financiación privilegiada.
La Comisión Europea señala que «no puede excluirse en ningún caso que el beneficiario de la ayuda sea Navantia» y que, «en la medida en que se realizase con fondos públicos» de modo parcial, no podría «excluirse que dicha contribución pública recayese dentro del ámbito del artículo 107 del TFUE».
En su opinión, corresponde a España estructurar un plan para satisfacer las normas europeas y determinar su compatibilidad con el mercado interior, respetando los techos máximos de intensidad de ayuda. Sobre la posible justificación de revisión de las restricciones establecidas en 2005, remarca que estas son compromisos del Gobierno español.
Respuesta de Navantia
Fuentes oficiales de Navantia indicaron en la tarde del martes a la agencia Europa Press que el dique «difícilmente podría llevarse a cabo sin incurrir en una ayuda pública o financiación privilegiada, contrarias a Derecho comunitario». Los servicios jurídicos del grupo naval público remarcan la dificultad para ejecutar la infraestructura ante «las necesidades económicas» de la misma.
La empresa asume que Bruselas percibe que Navantia sería considerada beneficiaria de ayudas estatales y que el riesgo de considerar la financiación en condiciones «no de mercado» como un respaldo privilegiado sería «muy elevado». Al mismo tiempo, señala que la compatibilidad eventual de todo apoyo público está supeditada a los techos de ayuda regional a la inversión fijados por la Comisión Europea para grandes empresas, del 15 %.
Sin embargo, observa que esos límites «resultan muy inferiores a la intensidad de ayuda, superior al 50 %, juzgada necesaria para la viabilidad del proyecto». Navantia reconoce que la existencia de ayudas a la firma «constituye un factor de potencial distorsión de competencia en un sector abierto a la misma como el de reparación naval».
Comité de empresa
El portavoz del comité de empresa de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras, cree que la respuesta supone «un palo» para los intereses de los astilleros, atribuyéndolo a la ausencia de una «actitud seria» al respecto en Xunta y Gobierno central. En declaraciones a la agencia Europa Press, Naveiras argumentó que «todo hacía indicar que la forma de defender el dique flotante por parte del PP no era la más adecuada».
A su juicio, la solicitud española se tramitó de «forma tímida y sumisa», pese a que países «como Holanda lo hacen de forma seria y consiguen dinero para sus astilleros». Según el sindicalista, «ni en este caso ni en el de la caída del veto se ha palpado ni por parte del Gobierno central ni de la Xunta una actitud seria y de estar encima del tema y con una exigencia real».
La parte social mantendrá la reclamación y pide que «se ponga toda la carne en el asador», de forma «seria y no partidista», para «generar riqueza en el único sector con ciertas posibilidades de salud que hay en Ferrolterra».
BNG
El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha anunciado que comparecerá este miércoles ante la prensa junto a la portavoz europea de la formación, Ana Miranda, para valorar la noticia. En todo caso, los nacionalistas ya han lamentado la respuesta, que califican como «nova agresión» a Galicia por parte de la Unión Europea.
Censuran que Bruselas impida que la ría de Ferrol «conte cunhas instalacións fundamentais para o futuro da comarca», definiendo la decisión como «outro duro golpe para o sector naval, para a deteriorada situación económica de Ferrol e para Galicia». «Unha vez máis, o naval recibe un duro golpe tras a negativa da Unión Europea, que agora se suma aos reiterados incumprimentos das promesas do Partido Popular sobre o dique», añade.
IU
Por su parte, Izquierda Unida ha negado que el dique sea «unha axuda estatal» y ha pedido apoyo presupuestario inmediato por parte de Xunta y Gobierno central. La coalición reseña que la infraestructura «non é produción en si mesma, senón unha ferramenta de traballo necesaria para adaptarse a circunstancias excepcionais, que permite o mencionado artigo 107 do TFUE».
A su entender, se propicia la «renuncia a unha cota de mercado que outros países si corrixiron con fondos públicos, sen que a UE puxera reparos». Pide un rechazo unánime a la respuesta de Bruselas, «un golpe máis a un sector noqueado», y alerta de la «intención clara de Montoro e Rajoy de deixar caer as gadoupas especuladoras das multinacionais sobre os terreos de Navantia, botando o peche á única industria que nos queda».
De forma paralela, la Executiva Nacional de Esquerda Unida comunicó este martes que «o modelo consagrado en Maastricht condena a Ferrolterra á miseria», considerando que la Unión Europea «quítase o veo e amosa que o que quere é exterminar ao sector naval galego». Su coordinadora nacional, la ferrolana Yolanda Díaz, matizó que Bruselas «apúntase á estratexia de desmantelamento que xa esgrimiu o Goberno de Feijoo».
Atribuye Díaz a las autoridades comunitarias una «estratexia de acurralamento do sector naval público», censurando que «néganse a deseñar un futuro para Navantia a partir de 2015». Su formación pide carga de trabajo, inversiones productivas, un plan estratégico para los astilleros y el levantamiento del veto en Fene.
PSOE
El eurodiputado José Blanco ha pedido al Gobierno que «aclare la información remitida a Bruselas» y recuerda que la infraestructura representa «una necesidad y una urgencia para Ferrolterra de cara a la dinamización económica». Para «disipar cualquier sombra de duda sobre la viabilidad», exige explicaciones al Ejecutivo. Insta al Estado a «mejorar» el proyecto para «evitar incurrir en cualquier supuesto de incompatibilidad».
Reclama que «dé la batalla para defender la excepcionalidad de la situación socioeconómica de la comarca» y se acoge al artículo 1047 del TFUE, «que estipula que podrán ser compatibles ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de regiones en las que exista grave situación de subempleo». Insiste en que la consulta era «innecesaria» y que se buscan «excusas legales» para evitar un compromiso político firme.
Beatriz Sestayo, secretaria general del PSOE ferrolano, pidió al Gobierno que califique el dique como infraestructura, con el objetivo de obtener el visto bueno comunitario. En declaraciones a la agencia Europa Press, resaltó la importancia de conocer cómo formuló la pregunta el Ejecutivo ante Bruselas.
Para Sestayo, la obra tiene que entenderse como una ampliación de infraestructuras de Navantia, evitando la alusión a las ayudas estatales. Recordó que la Comisión Europea ya había advertido que la consulta no era preceptiva y lamentó la actitud gubernamental, caracterizada en su opinión por falta de voluntad política.
PP
La última reacción destacada fue la del PP. El partido que gobierna en Madrid y Compostela expresó su «malestar» por la respuesta comunitaria, reiterando su parlamentario autonómico Miguel Tellado que el naval «ten futuro porque o Goberno de España e a Xunta apostan por el; proba disto son os contratos do flotel e do BAM», asegiró.
La formación arguye que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, «xogou politicamente con este proxecto que agora rexeita, poñendo en risco os intereses de toda unha comarca». Tellado asevera que «demostrou que a petición de autorización era precisa» y «pechou as portas ao proxecto», subrayando que el PSOE ha mentido «de forma reiterada». Indica que el futuro pasa por lograr nuevos contratos y la «diversificación».
Alcalde
En sus espacios personales de las redes sociales Facebook y Twitter se ha pronunciado el alcalde de Ferrol, que disfruta estos días de su permiso de paternidad. José Manuel Rey Varela lamentó que «el comisario Almunia no apoye el dique flotante», asegurando que «desde Ferrol seguiremos demandando la potenciación del área de Reparaciones, más carga de trabajo y una mayor diversificación industrial».
