FERROL360 | Martes 8 de abril de 2025 | 18:10
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha recibido nuevos partes médicos presentados por vecinos de As Somozas que afirman haber sufrido afecciones oculares y respiratorias debido a las emisiones de cal viva provenientes de la planta de tratamiento de residuos industriales operada por Sogarisa en la localidad.
Los partes médicos han sido aportados por los afectados, Ecologistas en Acción y la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), en el marco de la ampliación de la causa judicial abierta contra la empresa, que forma parte del Grupo Rodonita. La denuncia incluye un episodio reciente ocurrido días antes del 13 de abril, lo que llevó a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a intervenir, ordenando la suspensión parcial de actividades en el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG) como medida preventiva debido a varios casos de intoxicación en la zona.
Además de los partes médicos, se ha presentado un informe técnico que documenta supuestos incumplimientos ambientales de la empresa. El informe señala que Sogarisa habría continuado expulsando cal viva al exterior en forma de vapores, lo que violaría la normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), que exige que estos procesos se realicen en instalaciones cerradas y controladas.
Causa abierta a principios de 2024
La causa judicial contra Sogarisa fue abierta a principios de 2024 por un posible delito contra la ordenación del territorio, tras las denuncias de las organizaciones ecologistas y de consumidores sobre los episodios contaminantes persistentes en la zona. A pesar de las afirmaciones de la Xunta de Galicia, que asegura que «la planta de procesamiento funciona correctamente» y que «la antigua unidad de estabilización con cal ya no se utiliza», las nuevas pruebas y el informe técnico apuntan a incumplimientos sistemáticos y posibles negligencias en el control de las emisiones.
Las organizaciones denunciantes han expresado su preocupación por la falta de control institucional sobre la gestión de residuos industriales en Galicia, alertando sobre los efectos negativos tanto para la salud pública como para el medio ambiente de la zona.
