FERROL360 | Jueves 21 abril 2022 | 22:15
El alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, ha participado este jueves en Rianxo junto a alcaldes y alcaldesas del municipio y de A Pobra, Cambados, Bueu, Illa de Arousa, Camariñas, Fisterra, Moaña y Boiro en una reunión para manifestar su rechazo conjunto al convenio impuesto por Portos de Galicia para el auxilio y control de la práctica de la pesca deportiva y de ocio en las instalaciones portuarias.
En el texto del convenio se señala como obligación para los concellos que asuman la vigilancia, las medidas preventivas, el control, la aplicación de la normativa y el cumplimiento por parte de los pescadores. Además, también se insta a las entidades locales a que hagan rondas de vigilancia, señalicen las zonas e identifiquen las personas que acceden para la práctica de la pesca.
Al finalizar la reunión, los municipios ―a los que se suman también Sada y Ribadeo― han anunciado que mantienen su apoyo al colectivo de la pesca recreativa y «o noso rexeitamento a este convenio ofrecido, entendemos que é un convenio imposto, non negociado, e innecesario, ao non precisar dos concellos para resolver un problema que Portos de Galicia creou».
Creen además que «o convenio é ilegal desde o punto de vista competencial» porque «non temos capacidade de cumprir as obrigas que nel nos impoñen nin tampouco temos por que adquirir responsabilidades de tipo patrimonial e mesmo penal que non nos corresponden aos concellos». Pretenden que «que se volva a status quo antes desta situación e a pesca recreativa continúe como estaba facendo ata o de agora, pescando con tranquilidade nos nosos portos».
José Miguel Alonso Pumar se ha comprometido a «trasladar esta situación á Fegamp, como membro da súa executiva, para que tome coñecemento desta situación e se lle traslade deste modo o noso posicionamento ao resto dos concellos afectados». Además, han aprovechado la reunión para avanzar en otros temas que afectan a los municipios, como la desafectación de los terrenos de Portos de Galicia o el mal estado de los inmuebles propiedad del ente autonómico.