Profesionales de la Área Sanitaria de Ferrol participaron este martes en una sesión específica para conocer de primera mano el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y discriminación de personas LGTBI impulsado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) dentro de su I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.
La jornada se celebró en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide y fue impartida por Sonia Martínez Rodil, de la Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, junto a María del Mar Casal Mayo y María Dolores Lago Taboada, integrantes de la Comisión Instructora y de la Subdirección Xeral de Relacións Laborais do Sergas.
Durante la sesión se abordaron las claves del protocolo, sus objetivos, el alcance de las medidas, los canales de denuncia, la confidencialidad, la presunción de inocencia y las medidas cautelares previstas para actuar ante posibles situaciones de acoso o discriminación.
‘Tolerancia cero real’ frente al acoso
La representante del Sergas Dolores Lago explicó que el objetivo del protocolo es «é unha ferramenta para garantir un espazo de traballo, seguro, respectuoso e igualitario, con tolerancia cero real cara a violencia sexual e as discriminacións das persoas LGTBI».
El protocolo afecta a todo el personal del Sergas, entidades adscritas, empresas contratadas y también a personas en prácticas, formación o voluntariado dentro del sistema sanitario público gallego.
Las ponentes recordaron además que existen diferentes tipos de conductas constitutivas de acoso sexual, incluyendo conductas verbales y no verbales, chantaje sexual, comportamientos físicos inapropiados o situaciones de acoso ambiental y discriminación por razón de sexo.
En este sentido, incidieron en la necesidad de mantener una actitud de respeto en el entorno laboral. «Trátase de adoptar unha actitude de respecto e deixar de facer comentarios non axeitados», subrayaron durante la jornada.
Canales de denuncia y confidencialidad
Las responsables de la sesión detallaron las diferentes vías existentes para presentar denuncias o quejas, tanto a través de órganos de representación del personal y sindicatos como mediante delegados de prevención, la dirección del Área Sanitaria o asesores confidenciales, función que en Ferrol desempeña la coordinadora de Trabajo Social, Emma Caballero.
Asimismo, recalcaron que el procedimiento garantiza la máxima confidencialidad y el respeto a la presunción de inocencia. «Hai unha exhaustiva investigación dos feitos denunciados», explicaron.
El sistema sanitario público gallego cuenta actualmente con tres protocolos diferenciados: uno para violencia externa ejercida por pacientes o familiares, otro para conflictos laborales entre trabajadores y este tercero, específico para casos de violencia o acoso sexual dentro del ámbito profesional sanitario.
Apoyo emocional y medidas cautelares
La sesión también abordó las posibles medidas cautelares previstas en el protocolo, que pueden incluir cambios de turno, traslado de puesto, cambio de localidad o suspensión cautelar de funciones en función de cada situación concreta.
«Non se pode xeneralizar, cada caso é específico e valorado como tal. Hai sancións se son feitos probados», remarcaron las responsables del Sergas, que insistieron además en que «non se debe consentir ningún tipo de acoso».
Por su parte, Sonia Martínez puso el foco en la importancia del acompañamiento emocional a las víctimas. «Temos que coidar a esa vítima, sexa home ou muller, que non se sinta soa ou só, que se validen os seus sentimentos, sen cuestionalos e escoitando», señaló.
La especialista incidió además en que este tipo de situaciones deben abordarse desde una perspectiva de salud pública y apoyo institucional. «É un acto de saúde pública, e esa persoa necesita que a arroupen, con apoio, asistencia xurídica e institucional, non podemos mirar cara outro lado», afirmó.
Las ponentes recordaron finalmente que cualquier trabajador que tenga conocimiento de una situación de acoso o discriminación puede activar el protocolo mediante la presentación de una denuncia interna orientada a la erradicación de estas conductas y a la reparación de sus efectos.