El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de un aspirante a acceder a una plaza de Técnico Senior de Emergencia, Seguridad y Salud Laboral de Navantia, después de corregir la valoración de sus méritos de conocimiento de gallego. La Sala de lo Social estima así el recurso presentado por el candidato y revoca la sentencia que había desestimado su demanda en el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol.
El conflicto se originó en un proceso selectivo convocado en febrero de 2023 para cubrir tres plazas. El aspirante presentó certificaciones oficiales de conocimiento de gallego equivalentes al nivel CELGA 4, pero la comisión de selección decidió no puntuarlas al considerar que debía aportar también un documento adicional de convalidación.
La resolución concluye que esa exigencia no tenía respaldo legal. Según el tribunal, las certificaciones presentadas tenían, conforme a la normativa autonómica, la misma validez que las correspondientes al CELGA 4, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Un punto decisivo para conseguir la plaza
La falta de valoración de esos méritos lingüísticos privó al aspirante de un punto que resultaba determinante para la clasificación final. Una vez sumada la puntuación correspondiente, el candidato superaba la calificación del tercer aspirante inicialmente seleccionado y pasaba a ocupar una de las plazas convocadas.
Por este motivo, el TSXG declara expresamente el derecho del recurrente a acceder al puesto de trabajo. La sentencia aplica también la doctrina del Tribunal Supremo según la cual los errores de la entidad convocante no deben perjudicar a los aspirantes afectados, sin que ello implique necesariamente dejar sin efecto los nombramientos que ya se hayan realizado.
Garantías en los procesos selectivos
El pronunciamiento recuerda que las entidades públicas y las empresas del sector público empresarial no pueden imponer requisitos documentales adicionales cuando la normativa reconoce directamente la validez de determinadas titulaciones o certificaciones. La resolución refuerza así los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo.
Los letrados Cristóbal Dobarro y Ana Montenegro, del despacho Dobarro & Asociados, dirigieron el recurso. Tras conocer la sentencia, valoraron que la resolución «restablece los principios de legalidad y de igualdad en el acceso al empleo, evitando que interpretaciones administrativas alejadas del tenor literal de la norma perjudiquen a los aspirantes».
Los abogados añaden que el fallo reafirma que los órganos de selección deben aplicar la normativa vigente y no pueden imponer cargas documentales adicionales cuando el ordenamiento jurídico reconoce expresamente la validez de las acreditaciones presentadas.