FERROL360 | Sábado 27 septiembre 2014 | 23:23
Opta por el anonimato ante posibles «venganzas», pero se identifica como «trabajador» del Concello de Valdoviño. Él fue la persona que remitió a la jueza Pilar de Lara, instructora de la Operación Pokémon, un listado de actuaciones realizadas al «no poder pasar por alto continuas irregularidades que se hacen respecto a Aquagest», responsable del servicio de aguas en la localidad.
Según recoge la agencia Europa Press, De Lara recibió más escritos de «agradecimiento» por sus indagaciones al respecto. En ellos se le invita a «comprobar la ampliación que se le concedió» a la firma por una década a cambio de 200.000 euros por año y se llama la atención sobre las partidas para la estación de bombeo y la red de abastecimiento.
Igualmente, se denuncia que el concejal de Obras durante las quejas, el exalcalde José Antonio Rodríguez, «tenía línea directa con el responsable de Aquagest». Por todo ello, se insta a De Lara a que se «dé prisa porque, conociendo al personaje, destruirá las pruebas». «Muchas obras comenzaron con un presupuesto de 40.000 euros y acabaron en 145.000 euros», añade el escrito.
Aquagest
José Luis Míguez, titular de la compañía, acudió «al menos dos veces» al despacho del regidor, almorzando en una de ellas en un restaurante de Valdoviño. En una de esas ocasiones, estaba «asesorado» por el citado edil, que entró en el actual gobierno en 2013 -fue concejal de Converxencia Galega y responsable de Servicios hasta 2011-. Fue «antes de la ampliación que se concedió a Aquagest por diez años», indican.
Hablan de «contratos a dedo» al amparo de planes estatales de 2008 a 2011 y señalan que en 2012, pese a no ser titular de Servicios, el concejal autorizó el pago de facturas «con el consentimiento del alcalde». Aportan documentación, caso de facturas de 2009 y 2010 sobre la depuradora local, autorizadas en pleno en 2011 y correspondientes al período en que no funcionaba por su mal estado.
Asimismo, se adjuntan actas plenarias que revelan que la realización de obras se consultó a la empresa. José Antonio Vigo, actual regidor por el PP, defendió en pleno en 2011 que se propusieron actuaciones «de acuerdo con los criterios de técnicos municipales y Aquagest; fue un tema técnico». Agentes de Vigilancia Aduanera recogieron en 2013 en el consistorio documentación sobre obras contratadas con fondos provinciales.