RAÚL SALGADO | @raulsalgado | Ferrol | Viernes 27 junio 2014 | 13:44
Contra el «atropello á clase traballadora» marcharán el próximo lunes Comisiones Obreras, UGT y CIG. Lo harán en once localidades de toda Galicia, fijándose para las ocho de la tarde el inicio de la protesta en Ferrol. Arrancará en la plaza de España y finalizará en la de Armas, lugar en el que se leerá el correspondiente manifiesto.
En rueda de prensa, los responsables comarcales de las tres centrales han reclamado el indulto para Ana, Tamara, Serafín y Carlos, como ya han hecho en los últimos días movimientos sociales o la propia clase política en hemiciclos como el gallego. Xesús Anxo López Pintos, portavoz de la CIG, aseguró que se les condena por pertenecer a un supuesto «piquete agresivo», lo que les llevaría a cumplir una pena de «varios anos de prisión».
A su entender, «a Xustiza nunca foi en contra» de políticas regresivas, como recortes sociales o reformas laborales, pero sí aplica «a lei baixo o mandato do que está a facer o PP». Pintos afirmó que buscan «que non nos roben os dereitos» y se refirió a un «Estado parapolicial» que pide «fortes penas de cadea», mientras la Delegación del Gobierno envía las «denuncias e multas correspondentes».
Sanciones
«Queren poñelo máis difícil e ameazar», sostuvo, para resaltar que se profundiza en una escalada de «sancións» y «perda de dereitos». Auri Vázquez, responsable de CCOO, lamentó el actual «ataque sen precedentes ao sindicalismo democrático», censurando que la Fiscalía se oponga «á petición de indulto» y el aval a las «políticas de recortes sen precedentes».
En su opinión, «atácanse de xeito frontal os dereitos fundamentais» con reformas como la del Código Penal o el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Vázquez dijo que «basta xa dos ataques que estamos a sufrir os traballadores», mientras Cesáreo Fraga, de UGT, afirmó que Gobierno y grandes compañías están «tratando de criminalizar aos traballadores».
Sin embargo, esas firmas destacadas «non están sendo sancionadas; incluso se lles aplaude». Fraga destacó que ministros como Gallardón «non teñen moi claro que é un Estado de Dereito» y observó que este es «un ataque en xeral a toda a cidadanía». «Calquera persoa pode ser identificada e acusada», finalizó.
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