La Xunta de Galicia ha vuelto a exigir a la Sareb que complete el procedimiento de adjudicación de las siete viviendas protegidas de Narón que permanecen pendientes, ofreciendo los inmuebles a las personas incluidas en la lista de reserva resultante del sorteo realizado conforme a la normativa gallega.
Así lo señaló este jueves el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, durante su intervención en la Comisión 2ª del Parlamento de Galicia, donde explicó que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) está realizando un seguimiento de la situación.
El conflicto se remonta al pasado mes de junio, cuando la Sareb comunicó que las siete viviendas quedaban bloqueadas ante su posible incorporación al parque de Casa 47. Ante esta situación, el IGVS inició diligencias previas para analizar los hechos, al considerar que podrían ser constitutivos de infracciones previstas en la Lei de Vivenda de Galicia.
El organismo autonómico reiteró el pasado 23 de julio la necesidad de completar el procedimiento de adjudicación. Posteriormente, el 24 de agosto, tuvo conocimiento de que la Sareb estaba preparando las comunicaciones dirigidas a las personas incluidas en la lista de reserva.
La Xunta advierte ahora de que, si esa convocatoria no se produce en los próximos días, continuará con las diligencias iniciadas para poner en marcha el correspondiente expediente sancionador.
Más de una década reclamando viviendas a la Sareb
García Porto recordó que la Xunta lleva más de una década reclamando a la Sareb la cesión o venta de viviendas con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda de Galicia.
Según explicó, estas gestiones permitieron que el IGVS adquiriese 40 viviendas en 2023 por más de 3,4 millones de euros y otras 22 viviendas en 2024 por más de dos millones, aunque sin conseguir nuevas cesiones gratuitas o en régimen de usufructo.
El secretario xeral criticó el bloqueo de operaciones por parte de la Sareb y señaló que existen cerca de 2.500 viviendas de la entidad paralizadas en municipios gallegos de más de 10.000 habitantes.
En este sentido, reclamó al Estado que facilite su comercialización o traspaso a las comunidades autónomas. «Permitir que leven moitos meses, ou anos, baleiras non é propio dun goberno que di apostar pola vivenda», afirmó.
El IGVS defiende su ejecución presupuestaria
Durante su comparecencia en la Comisión 2ª, García Porto también respondió a las críticas sobre la ejecución presupuestaria del Instituto Galego da Vivenda e Solo y negó que el programa 451.B, correspondiente a Acceso á Vivenda, tuviese una ejecución del 0 % durante el primer trimestre de 2026.
Según los datos aportados por el secretario xeral, a 31 de marzo el IGVS había autorizado el 61,2 % del crédito vigente, tenía comprometido el 51,4 % y había realizado pagos por el 4,9 %.
García Porto explicó que estas cifras corresponden a actuaciones ya iniciadas, con obras licitadas o convocatorias en curso, además de obras adjudicadas y ayudas concedidas.
El responsable autonómico vinculó parte de la ejecución pendiente al retraso en la aprobación del Plan estatal de vivienda 2026-2030, que no quedó aprobado hasta finales de abril y que, según señaló, todavía no está plenamente operativo.
El IGVS sí pudo convocar las ayudas financiadas exclusivamente con fondos de la Xunta, pero no las cofinanciadas con fondos vinculados al Plan estatal debido a la tardanza en su aprobación. «O Plan realmente debería chamarse 2027-2030 porque o ano 2026 é case un ano perdido», lamentó García Porto.
Un 80 % del presupuesto autorizado
El secretario xeral aseguró que, a día de hoy, el IGVS tiene autorizado el 80 % del presupuesto del programa de acceso a la vivienda, mientras que el 73 % está comprometido y el 33 % corresponde a pagos realizados.
También defendió el grado de ejecución de los presupuestos del IGVS durante los últimos ejercicios. Según los datos aportados, el presupuesto ejecutable alcanzó el 79,8 % en 2022, el 94 % en 2023, el 88,4 % en 2024 y el 85,48 % en 2025, cifras que situó por encima de la media del período del bipartito, del 78,7 %.
García Porto contrapuso estos datos con los del Ministerio de Vivienda, del que afirmó que hasta junio de 2026 tenía comprometido el 6,6 % de su presupuesto y ejecutado el 1,8 %. Además, criticó que la financiación estatal dificulte la ejecución de los presupuestos autonómicos debido a la necesidad de cofinanciación.