FERROL360 | Jueves 2 octubre 2014 | 15:35

El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, ha defendido este jueves en el Congreso de los Diputados la decisión de Navantia de trasladar la fabricación de ocho bloques del flotel que se construye en Ferrol al astillero de Puerto Real. En su comparecencia en la comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, Aguirre respondió a los grupos parlamentarios que ese contrato es estratégico por suponer su retorno al mercado civil.

Definió como condición indispensable cumplir con ese vínculo y declaró que «a día de hoy el proyecto acumula un retraso no imputable a Navantia, por lo que su situación no se corresponde con el avance requerido para alcanzar los hitos contractuales acordados con el armador». Aguirre arguyó la «necesidad de optimizar el uso de los recursos propios de la compañía en todos sus centros sin actividad en este momento».

Así, recordó que Puerto Real «puede realizar construcción civil en 2014», a diferencia de Fene, y «ejecutaría la obra en su mayoría con personal propio». Justificó, por tanto, el traslado de la fabricación de los bloques para conseguir «un mayor despliegue de trabajos en unas fechas críticas para recuperar los avances que la planificación requiere».

Desvío

Sobre ese desvío, afirmó que la construcción en la bahía de Cádiz «solo supone 25.000 horas de trabajo sobre un total de 1.100.000 horas para la producción del buque, lo que supone solo un 2,3 % del total». La facturación, mientras, «será de 1,1 millones de euros, lo que representa solo un 0,7 % de la facturación total del contrato», dijo.

Aguirre también se pronunció en torno al dique flotante, aseverando que «la respuesta de la Comisión Europea concluye que concurren una serie de indicios sobre la existencia de ayudas de Estado ante la participación en el proyecto de distintas administraciones». Al mismo tiempo, se alertaría, a su entender, sobre «la necesidad de un margen de apoyo público para asegurar su viabilidad financiera».

Sostuvo que «la Comisión descarta que la construcción de un activo fijo escape al control de ayudas salvo que se efectúe únicamente con fondos privados y recursos propios de la empresa en condiciones de mercado». Sobre el veto de Navantia Fene, se remitió a la respuesta europea que confirma que el 1 de enero expiran las restricciones, pero pidió prudencia «hasta que el nuevo comisario de Competencia ratifique el fin del veto».

Por último, subrayó que el «nuevo modelo de supervisión» de Navantia por parte del Ministerio de Defensa «responde a una mera asignación de tutela». Así, opinó que «este acuerdo no supone una nueva organización ni cambio organizativo; tampoco cambia el porcentaje de participación pública en las empresas ni el titular de las acciones», al igual que «la configuración de la representación en los consejos de administración».

Aclaró que «el acuerdo del Consejo de Ministros» de julio pasado que propicia ese nuevo modelo «tiene como objeto poner bajo la tutela del Ministerio de Defensa, en colaboración con los de Hacienda, Economía e Industria, la protección y potenciación de un sector estratégico crítico para la seguridad nacional como es la industria de Defensa».

BNG

El BNG fue la formación que solicitó la comparecencia de Aguirre. Su diputada Rosana Pérez afirmó que hizo «xogos de palabras cando están en risco miles de postos de traballo nas factorías de Navantia na ría de Ferrol». Así, sentenció que «as nosas noticias indican que pode haber unha ralentización calculada e medida por parte da dirección da empresa».

A juicio de Pérez, «a cuestión sería saber por que motivo non se comezou aínda a construír o flotel», preguntándose «que se pretende con este retraso». Aventura que se quiere «xustificar que o estaleiro non é produtivo» y reclamó a Aguirre respuesta a varias de sus cuestiones en un período de quince días.

Le inquiere sobre el motivo por el que «se incumpre o compromiso de que os estaleiros de Navantia na ría de Ferrol fosen a construír íntegramente o flotel» y «como vai afectar esta decisión á plantilla do sector naval en Ferrol», en donde «existe unha grande inquedanza laboral». Sobre una nueva F-100, la parlamentaria deseó que «non estemos ante outro anuncio como o realizado polo señor Aguirre en outubro do ano pasado».

Fue entonces cuando «falou de cortar chapa a inicios de ano e aínda estamos a voltas coas negociacións; confiamos en que non sexa outro engano destinado a facer propaganda a curto prazo». En torno a la nueva unidad para la Armada, estimó que «faltoulles tempo para anunciar este encargo e agora resulta que Defensa non contempla investimentos en 2015 para novos buques».

Feijoo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha reiterado este jueves que «non comparte» el desvío de carga de trabajo a Cádiz y señala a Navantia como «responsable» del retraso «que efectivamente se estaba a producir». En rueda de prensa tras el Consello del Gobierno gallego, declaró que «ninguén pode usar unha responsabilidade para xustificar outra irresponsabilidade».

Feijoo, eso sí, ha celebrado que «por primeira vez» sindicatos y oposición «valoren» la construcción del buque. «Non oculto que iso dame unha certa satisfacción», enfatizó, reseñando que no le proporciona «ningunha satisfacción» que el 2 % del flotel -el 0,7 % de su importe- «non se poderá facer en Ferrol». «Non comparto» esa decisión, como afirmó que ya ha transmitido al grupo naval.

El mandatario opinó que está en desacuerdo con «un retraso que efectivamente se estaba a producir no flotel e que é responsabilidade de Navantia; se esa é a xustificación para o desvío, ninguén pode usar unha responsabilidade para xustificar outra irresponsabilidade». Dijo ser «consciente» de que en Cádiz «non hai sequera un flotel» y reconoció que el desvío de producción era habitual cuando «había carga de traballo suficiente».

En su opinión, no se puede renunciar «sequera» al 2 % de la carga vinculada al flotel. «Non me dá ningunha satisfacción que o 2 % dese flotel non se puidera facer en Ferrol», finalizó.