FERROL360 | Jueves 10 octubre 2013 | 14:49
El Concello de Cabanas ha confirmado este jueves que afrontará de manera «inminente» la demolición del edificio de O Penso. En un comunicado, el Ayuntamiento sostiene que el cumplimiento de las sentencias que declararon ilegales parte de las fases del inmueble se abordará en breve tras las negociaciones «infrutuosas» con los demandantes.
Asimismo, el consistorio recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicó al alcalde, Germán Castrillón, la «obriga» de ejecutar las demoliciones, por lo que se asume que «xa non resta máis marxe de manobra». Sin embargo, el grupo de gobierno remarca que sigue buscando la financiación necesaria para poder acometer las obras de la primera fase.
El presupuesto necesario para ejecutar los trabajos asciende a más de 377.000 euros, de los que unos 186.000 euros ya están consignados mediante fondos municipales, añade el Concello. Avanza, además, que en caso de conseguir un crédito por parte de las entidades bancarias consultadas se solicitaría al Alto Tribunal gallego el desarrollo de las labores con cargo a los presupuestos de este mismo año.
Si no fuese así, se solicitaría la ejecución en base a una financiación plurianual, destinando de los presupuestos de 2014 unos 191.000 euros. El Ayuntamiento ya maneja plazos concretos, esperando que el próximo día 28 salga a concurso público la adjudicación de las obras, un trámite que prevé completar el 20 de diciembre.
El 20 de agosto del próximo año sería la fecha de finalización de las obras, de acuerdo con el plazo aportado por el arquitecto en la redacción del proyecto técnico para la ejecución de la sentencia.
Segunda fase
Una vez terminadas, se llevaría a cabo de inmediato el proceso para ejecutar la decisión judicial que afecta a la segunda fase del inmueble. En este caso, el Concello prevé que el 28 de septiembre del próximo año se anuncie el concurso público y que la iniciativa quede adjudicada el 20 de noviembre de ese mismo ejercicio. Los trabajos acabarían en torno al 20 de julio del 2015.
El gobierno municipal también está pendiente de un posible crédito bancario para hacer frente a dicha ejecución, cuyo coste asciende a 368.000 euros. Si tuviese que aplicar un plan plurianual por determinación judicial, se aportarían 160.000 euros en los presupuestos de 2014, 112.000 euros en 2015 y 96.000 euros en 2016.
El regidor popular, en todo caso, no descarta nuevas medidas ante la Justicia «contra os que considera que son responsables desta situación». Se refiere a la anterior alcaldesa, Modesta Anca (PSdeG-PSOE); a los promotores del edificio y al técnico responsable del informe para la concesión de la licencia de construcción. El consistorio estudiará la posibilidad de reclamar responsabilidades.