ALICIA SEOANE | Jueves 24 de octubre de 2024 | 14:16
Celia Ferrández Alvariño, es socióloga especializada en desarrollo local. Este año realizó un estudio para la Asociación de vecinos de Canido: «Situación do acceso á vivenda no barrio de Canido e tensonamento do mercado residencial no Concello», este trabajo fue clave para la moción que presentaron los vecinos de Canido de forma conjunta con otras asociaciones, el pasado mes de septiembre en el pleno de Ferrol.
Hablamos con la autora del estudio sobre el mercado de la vivienda, un tema polémico, que se está llevando a debate esta misma semana en el Parlamento del Gobierno Central.
La regulación del mercado de la vivienda pone en juego dos derechos básicos de nuestra constitución, que están en el ADN de las sociedades democráticas, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad privada (con la libertad que se supone que se deriva de dicha propiedad).
Para muchas personas hablar de regulación e intervención del mercado de la vivienda es incómodo pues parece que es «una negación de la propiedad privada» , lo cual tratado en profundidad está muy lejos de la realidad.
Cuando se habla de regulación, se refiere principalmente a poner límites a las subidas de los precios, sobre todo de los alquileres, para que las subidas sean controladas, y no excedan la subida del IPC y de las rentas de los ciudadanos. Teniendo en cuenta, además, el contexto de problemática social que se deriva de la situación actual del mercado.
El estudio de Celia Ferrández ha tomado datos de los informes del Observatorio de la Vivienda de Galicia, de los cuales, a través de un análisis, la autora concluye en que la vivienda en el barrio de Canido ha subido un 40% en cinco años, «desde la Asociación venimos notando, como han subido los alquileres en poco tiempo, pues hemos pasado de pagar 300 o 350 euros a alquileres de 500, 550€ incluso más altos».
La situación más preocupante, según explica la autora, es del mercado del alquiler, que es en lo que se ha centrado su estudio. En el caso de Canido, las causas, no son por la irrupción de los pisos turísticos, que no es algo mayoritario, sino por el efecto de la gentrificación, «Lo que no se puede entender es que el hecho de que mejoren las infraestructuras de los barrios, o que mejoren los servicios, haga que suba el precio de los alquileres y que al final sean los propios vecinos, los que terminen por marcharse del barrio, sin poder disfrutar de las mejoras de un vecindario donde vivieron la mayor parte de su vida. Esto es para lo que es necesario que exista una regulación».
Otras causas
Otra de las causas que afectan a la subida de los alquileres tiene que ver, con el hecho de que muchas viviendas que podrían alquilarse no salgan al mercado de alquiler, y de este modo la demanda es mayor que la oferta, lo que también incrementa los precios, así lo explica la socióloga, «hay casos en que muchas personas prefieren poner sus pisos, como alquiler estacional, por cuestiones de rentabilidad, lo cual también se suma al incremento del precio de estos años».
Si a todas estas causas se suma la escasa promoción de vivienda pública, ya podemos entender de forma más global el escenario que se plantea a nivel de mercado.
Situación de Ferrol
Según los datos extraídos del informe, Ferrol llevaría dos años de tensión del mercado residencial, puesto que la ciudad cumple con el criterio de que la renta media de los hogares no sube teniendo en cuenta la subida del IPC acumulado, «mientras que la vivienda si va subiendo por encima de esos valores, los sueldos no están equiparados a los precios que se pagan».
Otra de las cuestiones tiene que ver con la especulación, «estamos notando como en la ciudad hay pisos que los compran inversores `de fuera´, para después revenderlos o alquilarlos a precios que no se corresponden con los niveles de ingresos de los habitantes de Ferrol».
Propuestas
En el contexto actual, Celia F. Alvariño explica algunas medidas que pueden ayudar a que la situación no empeore, entre ellas comenta, « la promoción de vivienda pública por parte de las administraciones, que se regule el alquiler, mover parques de vivienda que están vacías, o incluso las cooperativas de viviendas. La idea es que la administración pueda funcionar como regulador de un problema que afecta al ciudadano y que el debate es más profundo que lo que plantea la ley».
La declaración de zona tensionada puede contribuir a frenar la subida del precio, y a regular la subida en base al costo de la vida y los salarios, «Bien es cierto, que no es suficiente, porque en tres años, puede anularse dicha declaración, y volver a la situación que existía previamente», pero añade la autora, «que es importante comenzar por algo».
