El BNG ha reclamado a la Xunta que no autorice la voladura simultánea de las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa en As Pontes sin contar antes con todas las garantías técnicas que aseguren que la operación no supondrá un riesgo para las viviendas cercanas ni para la emblemática chimenea de la instalación, sobre la que se tramita un expediente de protección patrimonial.
El portavoz de Energía del BNG en el Parlamento gallego, Xosé Manuel Golpe, trasladó esta exigencia durante una pregunta parlamentaria en la que instó al Gobierno gallego a frenar la demolición si persisten las dudas sobre su seguridad. «Se é preciso, mesmo diga ‘Non’ á operación até que haxa transparencia e seguridade real», reclamó el diputado nacionalista.
Golpe recordó que la Xunta autorizó una resolución de «voladuras especiales» que contempla el uso de 425 kilos de explosivo gelatinoso para derribar de forma simultánea las cuatro torres de refrigeración, de cerca de cien metros de altura. Según explicó, algunas viviendas se encuentran a apenas 160 metros de las estructuras y la chimenea protegida se sitúa a unos 300 metros.
A su juicio, la autorización no aborda de forma expresa cuestiones como el impacto ambiental, la protección civil, la salud pública o la conservación del patrimonio industrial.
Críticas al cambio de criterio
El parlamentario nacionalista también censuró que la demolición estuviese prevista inicialmente para el 16 de julio, coincidiendo con la celebración de las Festas do Carme, una fecha que finalmente fue aplazada al 30 de julio tras la presión social. «Como se dinamitar as torres no medio das festas fose unha atracción máis do programa», criticó.
Asimismo, aseguró que los mismos técnicos que participaron en la demolición de la central de Compostilla recomendaron ejecutar la operación en dos fases, con dos torres cada día y colocando sismógrafos en las viviendas próximas para evaluar el impacto antes de proceder con la segunda implosión.
«Non se pode facer doutra maneira pola proximidade das casas e pola necesidade de protexer a estrutura da cheminea», afirmó, antes de lamentar que finalmente esté prevista una única implosión simultánea sin que, según denunció, ni la Xunta ni el Concello hayan explicado qué estudios justifican ese cambio de planteamiento.
Petición de informes públicos
El diputado reclamó que el Ejecutivo autonómico haga públicos los informes técnicos que acrediten que la voladura no provocará daños en la chimenea ni en las viviendas del entorno. «Sen certezas, estase a ser cómplice dun posible erro de cálculo que podería deixar a cheminea tocada», advirtió, insinuando además que un eventual deterioro de la estructura podría utilizarse como argumento para justificar su futura demolición.
Golpe insistió en que la documentación debe demostrar «negro sobre branco» que no existe riesgo de fisuras, pérdida de estabilidad o daños estructurales derivados de la explosión.
Conservar parte del complejo como patrimonio industrial
Más allá de las dudas sobre la seguridad de la demolición, el BNG criticó que la operación se lleve a cabo antes de estudiar alternativas para reutilizar parte de las instalaciones.
El diputado recordó que existen propuestas impulsadas desde el ámbito académico, por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes y por el propio BNG para conservar al menos parte de las torres y otros elementos de la central con el objetivo de crear un futuro museo de la electricidad y del patrimonio energético gallego.
«Parece que aquí a receita é outra, voar polos aires todo vestixio do pasado industrial como se o mellor xeito de pechar unha etapa fose borrar fisicamente a súa pegada», lamentó.
En su intervención, Golpe también reprochó a la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, que no aclarase las dudas planteadas sobre la operación y que se limitase a remitirse a una resolución minera que, según indicó, habla de protocolos de seguridad «conforme á norma», pero sin aportar informes públicos específicos sobre riesgos ambientales, salud pública o protección civil.
Finalmente, el parlamentario pidió al Gobierno gallego que rectifique, publique toda la documentación técnica disponible y reconsidere la demolición prevista para el 30 de julio hasta que exista una evaluación integral de los riesgos y de las posibles alternativas de conservación.
«Pídolle que rectifiquen, que fagan públicos os informes de riscos, que revisen con seriedade o dispositivo previsto para o 30 de xullo e que non avalen a demolición irreversible das torres mentres non haxa unha avaliación integral que inclúa tamén os posibles usos alternativos e a protección efectiva do noso patrimonio industrial», concluyó.