RAÚL SALGADO | @raulsalgado | Ferrol | Jueves 1 octubre 2015 | 15:59
El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Ferrol, Bruno Díaz Doce (PSOE), ha resaltado este jueves que «o Concello ten intención de asinar un convenio marco» con la Universidade da Coruña en torno a la «cultura e xestión da auga». En rueda de prensa, el edil ha estimado que la institución académica ofrecerá «asesoramento continuo» al respecto.
Díaz Doce ha asumido la existencia de carencias técnicas «evidentes» en el consistorio sobre problemáticas de este tipo, por lo que se pretende establecer una «relación continua» que sirva para «clarificar e tomar decisións». Aspira a que los profesionales universitarios «asesoren e axuden nese proceso de análise» sobre lo ocurrido en la EDAR.
En torno a la depuradora de Prioriño, el concejal aboga por «dotarse das ferramentas que permitan actuar» decididamente en la infraestructura y «atopar respostas técnicas». Cree que los «intereses dos actores» presentes en el conflicto se entremezclan por su «actividade en diferentes sectores», por lo que apela a la necesidad de un «asesoramento específico».
Auditoría
Díaz ha reiterado que la administración municipal tiene «intención de facer unha auditoría» técnica y económica e insiste en que «se alguén está sendo responsable neste caso é o Concello». A su juicio, dirigentes del PP evidencian una «defensa de intereses pouco claros fronte aos dos veciños», acusación que sobrevuela la reunión prevista para este viernes con Augas de Galicia.
Lamenta que «os informes non parecen ser coincidentes», pero espera un «diálogo fluído» con las demás administraciones en aras de «atopar solucións para un problema herdado». Sostiene que si la EDAR no opera con plena «eficiencia» habrá que encarar mayores costes económicos y medioambientales, en este último aspecto por ubicarse en un entorno protegido.
Bruno Díaz Doce ha deseado que se aclaren «os motivos polos cales non depurou» y resalta que las carencias estructurales detectadas, que obligarían a desembolsos por 600.000 euros, «non corresponden ao Concello». Se ha preguntado los motivos por los cuales no se realizó una «auditoría do estado real da infraestrutura» tras su teórica apertura en 2014.
Informes
Si hubiese existido ese informe, observa que cada parte implicada podría haber sido «consciente de que asumía e en que condicións». Reitera que la EDAR no va más allá de un «pretratamento», que se detiene en la «eliminación de sólidos», y los «problemas de filtracións». A su entender, el convenio con la Xunta deja claro que las «grandes reparacións non serían asumidas polo Concello».
En todo caso, no descarta que el Gobierno gallego opte por su ejecución y posterior cargo del importe a otra administración. Desea que «a depuración non se demore nin un día máis do preciso» y ha matizado que la auditoría cuyo inicio se preveía para esta misma semana tendrá un coste ligeramente superior a los 10.000 euros.