FERROL360 | Lunes 19 de enero de 2026 | 13:10

El BNG responsabiliza directamente a la Xunta de Galicia de la huelga de autobuses que afecta a la provincia de A Coruña y advierte de que el conflicto puede derivar en una huelga indefinida en el mes de febrero si no se produce una intervención real del Gobierno gallego.

La responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano, y el diputado en el Parlamento gallego, Mon Fernández, recordaron que ya a principios de diciembre de 2025 los tres sindicatos mayoritarios de Galicia alertaron del bloqueo de la negociación del convenio del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña por parte de la patronal.

Se trata de un convenio que afecta a más de 3.000 personas trabajadoras y a la práctica totalidad de las empresas de transporte en autobús de la provincia, un sector que presta un servicio esencial para miles de personas que lo utilizan a diario para acudir al trabajo, a centros educativos o sanitarios. Una situación especialmente grave en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, donde la ausencia de ferrocarril es uno de los grandes déficits históricos.

Acusaciones de monopolio en el transporte por carretera

Los portavoces nacionalistas denunciaron que la política de movilidad del Partido Popular, desde la etapa de Alberto Núñez Feijóo y continuada por Alfonso Rueda, ha consistido en desmantelar el transporte por carretera, favoreciendo la desaparición de pequeñas empresas y concentrando los contratos públicos en manos de tres grandes compañías, con una preferencia «pública y notoria» por MONBUS, que «controla prácticamente el monopolio del sector».

Este dominio, aseguran, se refleja también en la mesa de negociación del convenio, con una patronal «totalmente condicionada por la voluntad y las directrices de MONBUS».

El convenio lleva cuatro años caducado y ha quedado superado por la normativa actual en aspectos como conciliación laboral o control horario. Los sindicatos reclaman cuestiones «tan básicas» como la adaptación del texto a la legislación vigente, incrementos salariales dignos, una cláusula de revisión vinculada al IPC, mejoras para el personal acompañante del transporte escolar, especialmente precarizado, y la incorporación de una cláusula de jubilación parcial que facilite el relevo profesional antes de los 67 años.

Un conflicto en escalada

El bloqueo patronal ha provocado varias jornadas de huelga y una tentativa de mediación en diciembre a través del CGRL, de la que la patronal se retiró sin avances. Este lunes se celebró la octava jornada de huelga, con una situación que fue a más tras la intervención policial en las estaciones de Ferrol, A Coruña y Santiago, prácticamente paralizadas y con miles de personas afectadas.

Desde el BNG critican que la Xunta «siga protegiendo a su criatura contra viento y marea». Para Pilar Lozano, se trata de «una actitud absolutamente irresponsable que parece conducirnos a una huelga indefinida en el mes de febrero».

Exigencia de responsabilidades a la Xunta

El BNG subraya la responsabilidad directa de la Xunta en esta situación por varios motivos: por promover el monopolio de MONBUS, por ser el principal contratista de las líneas de autobús, por su papel como reguladora del sector con la obligación de velar por la competencia y, finalmente, como autoridad laboral en Galicia en materia de negociación colectiva.

Por su parte, el diputado Mon Fernández anunció la presentación de iniciativas parlamentarias para exigir que la Xunta ejerza sus competencias y asuma su responsabilidad en la resolución del conflicto.

En palabras del parlamentario, «un conflicto social no puede transformarse en un problema de orden público; la solución no es policial. El personal tiene derecho a un convenio justo y las personas usuarias no pueden ser rehenes de las grandes empresas protegidas por el Partido Popular. El Gobierno gallego debería ser parte protagonista de una solución negociada».